En Pacto, noroccidente de Pichincha los días 24 y 25 de octubre de 2020, nos reunimos delegaciones territoriales de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Pichincha e Imbabura, representadas como Omasne, Redcone, Decoin, Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, Frente Antiminero Pacto por el Agua y la Naturaleza, Mancomunidad del Chocó Andino, Red Caminantes, Saramanta Warmikuna, Red Ecuador Decide Mejor sin TLC, GADP-Pacto y Acción Ecológica; para compartir nuestras experiencias de resistencia y reexistencia en los respectivos espacios, frente al avance de los proyectos mineros y la imposición de tratados de libre comercio y de inversión corporativa.
Nos encontramos con el propósito de seguir fortaleciendo la articulación de las luchas, la participación de jóvenes a través de diferentes manifestaciones culturales y artísticas, así como los liderazgos de las mujeres en la defensa de los territorios como base de nuestro sustento e identidad cultural.
Constatamos que con nuestro trabajo familiar y comunitario generamos
respuestas para una vida más sostenible, una ruralidad resiliente, con
producción sana que sale de nuestras tierras y modos de vida armónicos con los bosques y el agua. No sólo decimos NO a la minería. Con nuestras
economías basadas en el respeto ambiental y a la naturaleza, nos afirmamos en propuestas concretas de conservación.
Vemos con indignación que en los últimos años se ha desatado una mayor
violencia contra los pueblos, comunidades y territorios con el argumento de impulsar el boom minero, y con éste generar una reactivación económica. Pero al analizar las cifras presentadas por el actual gobierno, encontramos que éstas son una falacia.
Según los datos oficiales, en 50 años los proyectos mineros generarían 132.432 millones de dólares, de los cuales al Estado ecuatoriano le quedarían 27.486 millones de dólares. Lo que no se dice es que estos planes extractivistas dejarán en los territorios 5 mil millones de toneladas de desechos tóxicos, en relaveras y escombreras, que permanecerán a perpetuidad y que los costos de monitoreo y remediación deberán asumir las autoridades locales y el Estado central. Si esto se hiciera a un costo mínimo de 6 dólares por tonelada de desechos, alcanzaría los 29.000 millones de dólares, monto mayor a las ganancias que el Estado percibiría
por los 9 proyectos emblemáticos que impulsa. Además, no se contemplan los gastos derivados de las roturas de relaveras que son desastres anunciados, de acuerdo con informes técnicos y científicos a nivel internacional.
También analizamos y debatimos la relación entre el avance agresivo de la minería y los tratados comerciales y de inversión, que de manera secreta, se negocian entre gobiernos y empresas para otorgar derechos abusivos a las corporaciones.
Estas negociaciones son ilegítimas porque otorgan exclusivamente derechos a los inversionistas sin que se les imponga ninguna obligación, convirtiéndolos en sujetos de derecho internacional. De esta manera, las normas que protegen la inversión adquieren carácter supra-nacional con capacidad de ser, en la práctica, normas jerárquicamente por encima de nuestra Constitución, y por lo tanto subordinan a sus intereses los derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza, que en el caso de nuestro país fueron establecidos desde 2008 en la Constitución a partir de las luchas de resistencia ejercida de los sectores populares.
Los tratados de libre comercio y de inversión son herramientas del capital global que permiten a las transnacionales recurrir a tribunales internacionales regidos por normas comerciales, en los que quienes dirimen son árbitros, no jueces, e imponen laudos multimillonarios a los Estados. Nuestro país es uno de los países de América Latina con mayor número de demandas arbitrales de este tipo.
Los tribunales de arbitraje permiten a las empresas imponer mediante el chantaje los proyectos mineros, buscando que las instancias del Estado -ejecutivo, legislativo y judicial- fallen a favor de las empresas sobre la base de violentar los derechos del pueblo ecuatoriano, puesto que asaltan los fondos públicos con los que se deberían atender los derechos fundamentales de la población.
Nos informamos sobre la utilización falaz de una aparente diferencia entre minería legal e ilegal. Constatamos que la minería legal es ilegal, como lo demuestra el Informe General realizado por la Contraloría a 7 proyectos megamineros entre 2012 y 2017. Por su parte, la minería ilegal es, en los hechos, la principal socia del Estado y de las transnacionales porque territorializa la minería metálica y la vincula con otras cadenas del comercio global como las de la madera, los diamantes, el coltán, entre otras.
Creemos que es importante que construyamos desde los diferentes espacios de lucha, herramientas que permitan visibilizar y ampliar el debate. Tenemos derecho a decidir sobre lo que pasa en nuestros territorios. Exigimos la protección de nuestros derechos y de nosotros y nosotras como personas defensoras de derechos humanos, colectivos, ambientales y de la naturaleza. Repudiamos la campaña de intimidaciones y hostigamientos con la que se quiere frenar nuestras acciones.
Tenemos derecho a ser consultados y que el resultado de la consulta se respete. La consulta popular materializa nuestros derechos a la participación. Todas las organizaciones que suscribimos esta carta, respaldamos la Consulta por el Agua gestada por el Cabildo Popular del Agua de Cuenca; por lo que, siguiendo el ejemplo de este y otros territorios, estamos construyendo un proceso de consulta popular para decirle SI a la vida, NO a la minería.
Nuestros derechos no son negociables, los seguiremos defendiendo
desde nuestros espacios de resistencia, fortaleciendo los procesos
sociales y comunitarios para la defensa de los territorios, el agua y
la vida.
Suscriben:
Caminantes, articulación Nacional anti-minera
DECOIN
Mancomunidad del Chocó Andino
REDCONE
OMASNE
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi
Frente Antiminero de Pacto
COVICA
Saramanta Warmikuna
Cáritas
Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador
Ecuador Decide Mejor sin TLC
Acción Ecológica