Por Ramiro Vinueza P.
El Congreso de Panamá aprobó el viernes 3 de noviembre, el Proyecto de Ley 1110, el cual prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica por tiempo indefinido en todo su territorio. La normativa señala: «En concordancia con el principio precautorio, que implica el deber de Estado de velar por la salud de la población y garantizar que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, se declara una moratoria por plazo indefinido al otorgamiento de concesiones», reza el 1er artículo del Proyecto de Ley firmado por el presidente del Congreso.
La ley anula el contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals (FQM), de Canadá, que le otorgaba el derecho de explotación por 20 años prorrogables. No es una mina más, se trata de la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica,ocupa unas 12.000 hectáreas y está ubicada sobre el corredor mesoamericano, que es una zona protegida, “ la actividad extractiva supone una amenaza a la cobertura vegetal, a la calidad del agua y del aire…todo nuestro territorio hiperconectado es vulnerable y la riqueza natural y puede ir en nuestra contra al ser depredado”, ha señalado Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sustentable.
Pero además, tiene el rechazo porque las condiciones del contrato le otorgaba a la empresa minera la condición de un “enclave”, es decir, con privilegios como un territorio aparte, con características administrativas diferentes, donde los ciudadanos no pueden entrar y la empresa es la que administra el agua de la zona, dándole “más la condición de un tratado que de un contrato”. Por ello, la concesión del gobierno fue calificada de “vende patria” y revivió en el pueblo panameño sus sentimientos de defensa de la soberanía nacional, teniendo presente la lucha que tuvieron que hacer para terminar con la ocupación norteamericana del Canal de Panamá, que duró casi un siglo (1903-1999), es decir, desde sus inicios como república, tras separarse de Colombia el 3 de noviembre de 1903 con el apoyo de Estados Unidos, que ocupó la llamada”Zona del Canal” , un enclave de 1432 kilómetros cuadrados de superficie y ocho kilómetros de ancho a los largo de la vía interoceánica.
Al grito de “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!”, miles de panameños tomaron las calles y plazas del país, obstaculizaron carreteras, haciendo paros laborales de diferentes gremios, se cerraron escuelas y se suspendieron desfiles patrios que celebraban los 120 años de la separación de Colombia. La magnitud, la masividad y el tiempo de duración de esta acción de lucha no se veía desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega, señalan algunos analistas.
La lucha del pueblo panameño,alcanzó una victoria importante, echó atrás la concesión de la mina, que fue el detonante para tan amplia expresión de descontento y rechazo generalizado al gobierno y al parlamento de Panamá, por el “contrato expres” con la trasnacional minera, que ademas fue inconsulta e inconstitucional.
La maniobra del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, intentando frenar las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular para mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406 que concesionó la mina (aprobada en octubre pasado) no lograron su propósito, pues el gobierno acumula el rechazo popular por el manejo poco transparente de los contratos mineros (15 vigentes y 103 en discusión), además, por la malversación de fondos públicos, el alto costo de vida que afecta a la mayoría del pueblo panameño, porque no ha respondido a las demandas populares y perdida de confianza en el gobierno.
Por ello, la resolución parlamentaria constituye un gran triunfo de la lucha del pueblo panameño. Es fruto de estas semanas de lucha, que vuelve a demostrar que lucha trae victoria, que la lucha sirve para defender los intereses populares.
Sin embargo, varias organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos y ambientales, del movimiento sindical y popular han señalado que la Ley aprobada es un gran paso en el objetivo de alcanzar un Panamá sin minería y por ello han llamado a continuar la lucha, porque aun falta el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y que el gobierno aplique Ley de Moratoria Minera en todo el país.