Por Jaime Chuchuca Serrano
Si en Colombia el paramilitarismo se organizó en grupos armados al servicio del narcotráfico, que simulaban no tener conexión alguna con el Estado; al contrario, en Ecuador ha aparecido la paradelincuencia: grupos de militares, policías, funcionarios públicos que forman parte activa del crimen organizado, del narcotráfico, y que fingen no tener ninguna conexión con estos. La expresión: narcogenerales ecuatorianos, usada por el embajador de EEUU, es una forma de la paradelincuencia; a propósito, que en el país no hay ningún narcogeneral preso.
El periodismo ecuatoriano ha dado copiosas noticias de oficiales y miembros del ejército, la marina, reclutados por el narcocrimen, para el transporte de cocaína y venta de información con uso de recursos del Estado. Estas redes conectarían el Putumayo y Nariño con Esmeraldas, Manabí, El Oro y Guayas. Las aduanas y puertos están contaminados del narcotráfico. Pero demos un paso más, aparte de ser “reclutados”, la inteligencia militar de Colombia, ha informado que miembros activos de las fuerzas del orden ecuatorianas son parte de la jefatura del crimen. Así también lo muestran varios informes de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO). Esta interconexión, es una base en medio de la guerra de los carteles.
Los vínculos de la SNAI con los capos, en el manejo de las cárceles, introducción de armas y drogas, procesos de libertad, así como de los jueces, fiscalía y funcionarios judiciales, distorsiona la legitimidad y legalidad institucional. Los recientes traslados de alias “Fito”, son un claro ejemplo de cómo la institucionalidad satisface objetivos delincuenciales. Aunque en la SNAI se han destituido decenas de guías penitenciarios y hay cerca de 500 sumarios administrativos en 2023, la situación no ha cambiado. La Comisión de Pacificación de las Cárceles, reveló que uno de cada diez funcionarios penitenciarios, recibe pagos de las bandas criminales; y que el crimen organizado llega al sistema de alimentación.
La depuración institucional debe convertirse en política de Estado. Los millones de dólares que se entregan para los gastos de seguridad, y todos los demás sistemas, caerían en un saco roto, si previamente no se hace una replanificación y transformación institucional, un cambio político, educativo y cultural, de un cuerpo corrompido hasta la médula.