Por Jaime Chuchuca Serrano
A 20 meses de la presidencia de Noboa, no se han cumplido las promesas en el sector energético, (ni de otros muchos sectores). La ejecución presupuestaria de las inversiones de 2025 es de apenas el 23% de los 1609 millones programados y no es por falta de dinero. El Ministerio de Energía y Minas apenas ha devengado el 6% de la inversión de 267 millones que planificó. Los gobiernos han producido inestabilidad en las administraciones de las entidades del sector con el objetivo de que entren grupos privados a tomarse el erario público. A esto hay que sumar la negligencia gubernamental, los viajes, paseos, fiestas y campañas electorales permanentes que tampoco colaboran para el trabajo duro que necesita el país.
Los dos oleoductos, SOTE y OCP, tienen problemas estructurales. No hay planeación a largo plazo. Los mantenimientos, reconstrucciones, soterramientos se hacen con escasa técnica y los derrames son cada vez más recurrentes. En el primer semestre de 2025, los ingresos petroleros suman 638 millones, un 15,4% menos que en 2024. A estos problemas hay que sumar la caída de producción por las inundaciones, erosión del río coca y otras emergencias. En la primera semana de julio, la producción ha caído cerca del 30%. La falta de mantenimiento de la Refinería Esmeraldas supuso su paralización total de actividades el 26 de mayo, lo que significan 1,4 millones de dólares diarios en pérdidas.
La corrupción y la negligencia en la compraventa de los generadores a Progen y Austral han comprometido, hasta el momento, 149,1 millones de dólares; este retraso ha hecho contratar una barcaza más. Igualmente, han sido mínimos los mantenimientos, las obras y los equipamientos de los parques eléctricos. Por ejemplo, aunque varios años se reclama la compra de filtros, desarenadores y la construcción de dragados, lavados de fondo, para controlar los sedimentos, los trabajos no avanzan; por las lluvias recientes se paralizaron 9 hidroeléctricas y subió la importación de energía desde Colombia. El déficit energético ronda los 600 MW y en tiempo de sequía los 1000 MW. Los problemas energéticos se intensifican. No obstante, las medidas del gobierno se orientan hacia un mayor endeudamiento y su eje por el momento está en las “leyes motosierra”, que impulsan la flexibilización laboral, la privatización, la condonación tributaria y la entrega de áreas estratégicas a los grandes grupos económicos.