Por Redacción Opción

En un boletín de prensa, David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), informó que el pleno de este organismo aprobó el informe de investigación en el que se determinó el presunto tráfico de influencias por parte de la ex Superintendenta de Compañías del gobierno anterior, Suad M.

La investigación del CPCCS, aporta los siguientes elementos:

●Suad M. se desempeñó desde el 2011 hasta el año 2018 en el cargo de Superintendente de Compañías. A partir del 12 de septiembre de 2014, se cambió la competencia de seguros desde la Superintendencia de Bancos a la Superintendencia de Compañías, proceso que culminó el 15 de septiembre de 2015.

●FIDUCIA S.A. en calidad de Administradora del Fideicomiso Seis de Diciembre del que forma parte la empresa DAGASI S.A presentó en 2015 un “Reclamo Administrativo” ante la Superintendencia de Bancos y Seguros, para la ejecución de pólizas.

●DAGASI S.A. tiene como accionistas a Leonardo M. y Nasif M., quienes son sobrino y hermano de Suad M. respectivamente.

●El 28 de agosto de 2015, la Superintendencia de Bancos aceptó el reclamo y ordenó la ejecución de las garantías, sin el cumplimiento de procedimientos legales y reglamentarios. Póliza de buen uso: 418,471 dólares; Póliza de fiel cumplimiento por 268,470 dólares. Ordenando el pago de 686,941 dólares a favor del fideicomiso de participación accionaria de los parientes de Suad M.

La investigación del CPCCS determina que la abogada Suad M. se encontraba en funciones de poder y autoridad en materia de seguros, durante el período en el que se tramitó el reclamo administrativo; posición que le otorgó capacidad de influencia. Los trámites se desarrollaron en presunta vulneración de los procedimientos, requisitos y plazos establecidos en el artículo 42 de la Ley General de Seguros y limitaron el ejercicio de las vías de apelación en sede administrativa y judicial, conductas asociadas con el presunto delito de “tráfico de influencias”, contemplado en el Art. 285 del Código Orgánico Integral Penal. El informe de investigación del CPCCS se remitió a la Fiscalía y Contraloría para que se sigan las acciones respectivas.

David Rosero, finaliza el boletín dicendo que: «el Consejo de Participación Ciudadana seguirá investigando los presuntos actos de corrupción del anterior y el actual gobierno.»