Por Ramiro Beltran*
Hace apenas unos días, el gobierno de Daniel Noboa dejó en la calle a 5.000 trabajadores, entre ellos 508 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y 936 de Petroecuador. Esta masiva desvinculación no es un hecho aislado: forma parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigen recortes en el gasto público para asegurar el pago de la deuda externa.
El presupuesto del Estado, que recauda alrededor de 17 mil millones de dólares en impuestos, destinaba 9 mil millones al pago de la nómina del sector público. Ahora, esa cifra ha sido reducida a 8 mil millones, liberando mil millones de dólares que irán directamente a saldar compromisos con el FMI. Esta decisión significa dolor y miseria para miles de familias ecuatorianas, que ven cada vez más difícil llevar alimento a sus hogares, con el riesgo añadido de un aumento en la deserción escolar.
El reconocido economista Joseph Stiglitz, premio Nobel y expresidente del Consejo de Asesores Económicos del gobierno de Bill Clinton, ha advertido sobre las consecuencias de este tipo de políticas: el FMI, asegura, contribuyó a la crisis financiera asiática y a la gran depresión argentina, aplicando teorías que considera “desastrosas”, basadas en la reducción de salarios como solución al desempleo y en la minimización del rol del Estado.
En Ecuador, esta visión se refleja en la insistencia del Ministerio del Trabajo y de los empresarios privados en el contrato por horas, un modelo que impone condiciones infrahumanas. Bajo este esquema, los trabajadores podrían vender su fuerza de trabajo por apenas $1.80 la hora, con un máximo de 4 horas diarias, sin décimos, sin afiliación al IESS y, por ende, sin acceso a la Seguridad Social. Esto y los despidos amenazan directamente al financiamiento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), poniendo en riesgo las pensiones, al seguro de salud, que tiene problemas de gravedad absoluta, así también la vida de los jubilados.
La combinación de privatizaciones, despidos masivos y precarización laboral es un camino seguro hacia la destrucción del tejido social y el debilitamiento de la democracia. Frente a este panorama, es imperativo que desde la sociedad civil y las organizaciones populares se construya una resistencia organizada que defienda el derecho al trabajo estable, la vida digna y una seguridad social plena. El derecho a la resistencia, consagrado en la Constitución, no es solo una herramienta jurídica: es una necesidad histórica para garantizar un IESS sin corrupción, sin privatización y al servicio de todos los ecuatorianos. Un país digno, soberano, de paz y trabajo es la consigna de los pueblos del Ecuador.
*Docente universitario jubilado. Miembro Comisión Nacional Anticorrupción. Miembro Comisión de Defensa de la Seguridad Social. Ex-miembro de Organismos Internacionales de Seguridad Social.