Por Observatorio de Género y Diversidad del CAP
El Observatorio de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Pichincha expresa su más enérgica condena y profunda consternación frente al femicidio perpetrado en contra de la oficial Aida Pamela Ati, en el Fuerte Militar Napo. Este trágico suceso resalta una vez más la urgente necesidad de abordar de manera efectiva la violencia de género dentro de las instituciones castrenses.
Recordemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a lo largo de su historia, han estado involucradas en casos de graves violaciones a los derechos humanos. De ello dio cuenta la Comisión de la Verdad en el «Informe Ecuador 2010 Sin Verdad No Hay Justicia»; ejemplo de aquello fueron las denuncias realizadas en el año 2023 por una subteniente y una conscripta ante la Fiscalía del Azuay por actos de violencia sexual suscitados en la Tercera División del Ejército “Tarqui” en Cuenca, provincia del Azuay.
En este sentido, hacemos un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas del Ecuador a implementar de inmediato medidas contundentes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en sus filas, para lo cual, es necesario promover reformas legales a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, al Reglamento General a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y al Reglamento de Disciplina Militar, encaminadas a sancionar de forma efectiva a quienes incurran en cualquier acto de violencia de género.
Así también, solicitamos a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación exhaustiva, imparcial y transparente en este caso, que garantice que los responsables sean llevados ante la justicia y reciban las sanciones correspondientes.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación de asegurar un entorno seguro y libre de violencia para las mujeres que forman parte de las Fuerzas Armadas. La igualdad de género y el respeto a los derechos humanos deben ser pilares fundamentales en todas las instituciones del Estado.
Quito, 1 de julio de 2024