Por Jaime Chuchuca Serrano
El Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), la Fiscalía y otras instituciones, se han convertido en un dispositivo de defensa del Ejecutivo. Igualmente, las sucesivas prórrogas y el desarme de los concursos a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), hacen que se haya instaurado un blindaje para los gobernantes y los prorrogados. La oposición política, de cualquier país de democracia occidental, debe tener garantías para el accionar político, para las denuncias, los procesos legales y legítimos. Sin embargo, se ha establecido un proceso de linchamiento mediático permanente contra la oposición, para después dar cabida a la judicialización de los denunciantes. Las diferencias son obvias: la oposición es judicializada y el oficialismo (o ex oficialismo) es eximido de culpas. Pongamos dos ejemplos: la solicitud de archivo por la Fiscalía del caso de corrupción de Lasso y FLOPEC. Igualmente, hay numerosas infracciones electorales de ADN y Noboa, pero ninguna sentencia en contra.
Los gritos de los funcionarios del gobierno por la Asamblea Constituyente, “sin asambleístas constituyentes”, llega a lo dictatorial y ridículo. De este modo, el noboísmo continua con sus propuestas autoritarias. Hablan de ir con un texto preparado y a dos votaciones, que por lo que se ve, también estarían preparadas. Mucho más, si continúan prorrogados estos mismos CNE y TCE. El debate político, sobre las distintas crisis, apuntan a todo lado, menos a las causas, los argumentos se quedan en la superficialidad y el espectáculo: la Consulta Popular de 2024, que en definitiva no mejoró en nada los índices de seguridad; la contratación del mercenario Erick Prince; la visita a Trump y los frecuentes paseos al extranjero de Noboa, que se han promocionado como soluciones. Ahora, nuevamente se vende una Constituyente express para supuestamente superar la crisis económica, política y de seguridad.
Las élites ecuatorianas se han acostumbrado a cambiar las Constituciones, pero no a cumplirlas. Se han habituado a constreñir a los ciudadanos, con estados de emergencia y excepción permanentes, pero no a garantizar los derechos. De haber Asamblea Constituyente, ante todo esperamos que sea democrática y que participe el pueblo, no los grupos minúsculos de potentados. En la probable Constituyente o reforma (de la que también se habla), uno de los principales asuntos de debate será el CPCCS, que de por sí es un experimento (2008), y que después de la Consulta Popular de Moreno (2018), llegó a ser una institución de funcionarios electos, pero que no deben tener filiación política, hecho ilógico y que dista de la realidad. A diferencia de los 7 Consejeros actuales, en las anteriores Constituciones, los Congresos eran los que pasaban entrampados en los debates de nombramientos para las distintas funciones, también se estancaban, o se formaban aplanadoras de votos. Valga este ejemplo, para que se vea que, en este sistema político, no hay recetas mágicas, ni autoridades infalibles.