Por Isabel Vargas Torres
El Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2022 inició con un déficit de USD 3.783,50 millones que representa el 3,45% del PIB; el gobierno planeó reducir el déficit fiscal al 2 % es decir a 2.200 millones de dólares a través de una mayor recaudación tributaria y el control del gasto público para mejorar el equilibrio fiscal ya que es parte del acuerdo con el FMI para que haya el desembolso de 700 millones de dólares que nos costará a todos los ecuatoriano pagar el 18% y 20% de interés.
La trampa es que si no se ejecuta el presupuesto en un 100% en este año, para el 2023 se reduce la asignación de recursos económicos, por lo tanto, sigue en la línea de mejorar la imagen ante los mercados internacionales en detrimento del pago de la deuda social, es decir, continua con su escalada de la aplicación del neoliberalismo. Willian Maloney jefe del Banco Mundial es claro al indicar que el recorte del gasto es una medida cortoplacista que perjudicará a largo plazo “
En cuanto a la recaudación tributaria, se ha subido el impuesto a la renta a las clases medias, en tanto que a la burguesía le eliminó el impuesto a la herencia y el gobierno nada hace para combatir la elusión y evasión de impuestos que perjudican al país en 7.600 millones de dólares cada año con el cual tendríamos un superávit fiscal,
La esencia neoliberal de este gobierno apunta al control en el gasto público como es la reducción en la asignación para inversión en obra pública y la “optimización” de los recursos humanos. En el campo educativo apenas se ha invertido el 27% del presupuesto asignado para mantenimiento de la infraestructura escolar, se conserva congelados los recursos económicos de 20.000 partidas presupuestarias de los maestros que se jubilaron y para que estas no sean desdobladas en lugar de contratar más maestros, la Ministra de Educación decidió reducir del horario de clases de los estudiantes las horas pedagógicas de matemáticas, CCNN, CCSS, Lengua, Cultura Física, perjudicando la calidad de la educación y el intereses superior del niño y adolescente, aumenta la sobrexplotación laboral y con maniobras y argucias no quiere cumplir con el mandato de la Corte Constitucional sobre la ejecución de la equiparación salarial y trata de confundir con la homologación, minimiza la importancia de invertir en este sector que históricamente ha sido perjudicado.
El magisterio demanda el cumplimiento de la equiparación salarial ya que no es limosna es una reparación de derechos, así también exigimos priorizar la inversión en la educación pública, el presupuesto para este sector es progresivo, creciente, intransferible, irreductible.