Reglamento de Noboa: carta blanca para despedir a servidores públicos

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Por Raúl Guzman.

Daniel Noboa enfila su política neoliberal, contra los servidores públicos. Obediente de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional en 2024, en el que el Estado se comprometió a reducir la masa laboral pública, el Presidente de la República emitió un inconstitucional reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP)

Este reglamento consolida el modelo propuesto por Noboa, en el que se precariza el empleo, se debilita el principio de estabilidad laboral y la carrera administrativa en el servicio público.

1. Contratos ocasionales: legalización de la inestabilidad laboral  en el servicio público

Una de las principales herramientas de precarización insertada en la legislación laboral, son los contratos ocasionales. Esta figura se propuso como mecanismo excepcional de contrtación para cubrir necesidades urgentes o temporales en las instituciones públicas. No obstante, en la práctica, miles de servidores han permanecido por años bajo esta modalidad, sin posibilidad real de acceder a un nombramiento permanente.

El nuevo reglamento no establece límites temporales, ni condiciones objetivas para el uso de los contratos ocasionales, sino que, los normaliza como una forma regular de vinculación laboral. Omitiendo cualquier obligación institucioonal de convocar concursos públicos que permitan que regularicen estos vínculos, promoviendo la terminación unilateral de estos contratos, a través de un simple aviso, incluso sin que exista causa justificada.

Se debilitan además, las garantías frente a la renovación automática, permitiendo que servidores con años de experiencia sean desvinculados sin motivación, ni compensación, violentando principios de continuidad del servicio, no discriminación y protección del trabajo digno.

2. Nombramientos provisionales: precariedad bajo fachada de legalidad

El nuevo reglamento también afecta a los servidores con nombramientos provisional. La política de gobierno ha puesto en la mira de su ataque la estabilidad como prinicpio de acción del Estado en materia laboral.  Las medidas emprendidas desmontan todo procedimiento para la ejecución de concursos de méritos o reglas claras de ascenso—, el reglamento perpetúa su carácter frágil, al permitir la remoción de estos servidores sin evaluaciones previas, sin transparencia y sin respeto a trayectorias laborales de largo plazo.

En algunos casos, los nombramientos provisionales han sido utilizados por las instituciones como mecanismo de clientelismo o castigo, y la nueva normativa no solo no corrige estos vicios, sino que los institucionaliza al no establecer reglas mínimas que impidan su manipulación.

Esta situación vulnera principios constitucionales como el de mérito, igualdad de oportunidades y no discriminación, así como compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano en materia de derechos laborales y servicio civil profesional.

3. Supresión de puestos: vía libre a despidos masivos

Uno de los aspectos más alarmantes del nuevo reglamento es la forma en que regula la supresión de puestos. Aunque la LOSEP establece que la supresión debe responder a necesidades institucionales objetivas y debidamente justificadas, el reglamento crea un marco ambiguo, sin controles ni garantías efectivas.

No se exige un procedimiento previo de evaluación técnico ni un estudio serio del impacto organizacional. Tampoco se obliga a que exista motivación individualizada, lo cual abre la puerta a que estas supresiones sean utilizadas como mecanismos de represalia política, reducción arbitraria de personal o depuración ideológica.

A ello se suma el debilitamiento de la Disposición General Primera de la LOSEP, que antes garantizaba indemnizaciones claras para los procesos de supresión. La reforma y reinterpretación de esta disposición dejan en entredicho el derecho de los servidores a recibir una compensación justa, lo que convierte la supresión de puestos en una herramienta de despido gratuito, sin responsabilidad para el Estado.

Esta amenaza no es abstracta: diversos ministros han declarado públicamente su intención de “reducir el tamaño del Estado”, y el reglamento aparece como la vía reglamentaria para ejecutar esa política, dejando a decenas de miles de servidores a merced de decisiones administrativas opacas y sin recursos de defensa efectivos.

El gonierno de Noboa acelera el desmantelamiento del Estado, y los afectados hoy, son los servidores públicos.

La política laboral del gobierno, expresada en su Ley Orgánica de Integridad Pública, ha continudo con el reglamento a la LOSEP, concretando en papeles los más rancios y neoliberales deseos en materia laboral. 

Noboa no propuso en ninguna de sus dos campañas estas políticas, no habló de despidos, ni de reformas laborales lesivas a los trabajadores, hoy, ejuta sus relaes intenciones Él mira al Ecuador como su hacienda, en la que violenta todo procedimiento, norma, regla,  y solo ejecuta aquello que le beneficia a él, a su familia y a sus hermanos de clase, los empresarios.

Es indispensable que los gremios del sector público, sindicatos, colectivos de profesionales y el pueblo se movilicen, que copen las calles para defender las plazas de trabajo creadas, esos puestos son los que sostienen la educación, la salud, que en este momento se encuentran afectadas y que Noboa pretende defenestrarlas para privatizarlas. Es urgente demandar de la Corte Constitucional una resolución inmediata frente a las demandas de inconstitucionaloidad contra las leyes aprobadas por Noboa y sus alzamanos en la Asamble Nacional, que implidan y corten el paso a estas medidas y políticas antipopulares e inconstitucionales.

Defensdamos el empleo digno, la estabilidad laboral de los servidores públicos que en la actualidad sostienen la vida de más de 500 mil familias ecuatorianas. Solidaridad con la clase trabajadora que enfrenta horas oscuras, unidad y organización de todo el pueblo para enfrentar las políticas de Noboa.

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