Por Remo Cornejo Luque
Los educadores y los estudiantes ya están listos para el retorno presencial a clases, pese a que el gobierno no haya atendido cien por ciento las áreas sociales como la salud y educación.
El Covid-19 sigue rondando. Bajar la guardia en torno a las medidas de bioseguridad, en plenos feriados, sigue generando nuevos contagios. La crisis sanitaria obliga a que se incrementen las asignaciones de salud, pero, en la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, -que asciende a USD 33.899,73 millones-, se destina apenas USD 3.409,5 millones, lo que no representa un real incremento, ya que constitucionalmente cada año debe aumentar el 0,5%. Además, se aprecia que desde el 2018 los recursos para salud han disminuido el 11,5 %.
En educación se asigna USD 3.419 millones, que no representa ningún incremento (se recorta USD 954 millones), peor aproximarse al 6% del PIB que manda la Carta Magna, por el contrario, se observa que ha existido una reducción del 15 % en cuatro años. Las universidades enfrentan igual situación ya que sumando los montos presupuestados en gasto y en plan de inversión, las universidades enfrentan una reducción de alrededor de USD 214 millones.
Es indudable que estos montos para salud y educación deben revisarse y mejorar, pues primero debe estar la vida y la instrucción académica, incluso para adecuar y mejorar la infraestructura educativa y los servicios básicos para el retorno presencial a clases, antes que los compromisos con la banca chulquera internacional donde se destina USD 7 mil millones para intereses y amortización de la deuda externa.
Un gobierno popular declararía la moratoria de un año de la deuda externa y cobraría USD 4900 millones a los grandes evasores con el SRI, pero, como el gobierno del “Encuentro” está comprometido con el FMI, los pueblos no tienen otro camino que la resistencia.