El Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, ha demostrado en cada uno de sus accionares el compromiso con el proyecto político del correísmo y el movimiento Alianza PAIS. Su papel en el entramado autoritario y corrupto que se construyó estos últimos diez años era guardar silencio en los casos de criminalización de la protesta y persecución a los defensores de los derechos humanos. El propio informe de labores 2017 demuestra esto: 84 500 visitas a la Biblioteca Especializada; 12 servidoras o servidores públicos incorporados con nombramiento a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, etc.

La  Constitución de la República establece que los servidores y funcionarios públicos son responsables por sus acciones y omisiones en los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, su evaluación no sólo puede comprender lo que ha realizado, sino lo que ha dejado de hacer. La Defensoría del Pueblo tiene varias facultades que establecen la Constitución, los organismos internacionales de Derechos Humanos y varias normas legales en el país, su amplio mandato contrasta con su falta de acción. Según los Principios de París, entre las obligaciones de la Defensoría está en cooperar con los organismos regionales de DDHH y realizar informes sobre la situación de los derechos humanos en el país. Esta institución no ha participado en las audiencias temáticas convocadas por la CIDH, ni ha desarrollado informes desde el 2011 sobre criminalización de la protesta o libertad de expresión, sin contar la falta de pronunciamiento sobre los ataques desde las sabatinas que fueran objeto varios defensores y organizaciones de DDHH.

Varios son los casos en que se han presentado al Consejo de Participación Ciudadana transitorio que grafican el incumplimiento de las funciones de la máxima autoridad de esta institución, por ejemplo: El Frente Popular y el comité de solidaridad con los 10 de Luluncoto denunciaron en el CPCCS transitorio el incumplimiento de su función de seguimiento al debido proceso; las organizaciones de derechos humanos presentaron el caso de la expulsión de la población cubana de nuestro territorio; el del Proyecto Propósito Múltiple Chone cuyo trámite defensorial es el 51641 DNPrt-2011-JMR; el caso de las agresiones a los presos de la cárcel el Turi en la que esta institución no activo el Mecanismo de Prevención contra la Tortura y tampoco dio seguimiento a las medidas de reparación a favor de las personas privadas de la libertad (PPL); entre otros.

En este sentido, la experta en Derechos Humanos Daniela Salazar señaló que: “Su actuación comprometida con los derechos en casos como Satya –por poner un solo ejemplo- contrasta con su silencio y complicidad en casos que tocaban al poder político. Traten de recordar cualquiera de las violaciones de derechos humanos de la última década, desde la persecución por el 30S a las amenazas a activistas y opositores, pasando por todas las violaciones a la libertad de expresión. Traten ahora de recordar: ¿dónde estuvo la Defensoría del Pueblo? Ausente.”

La grafica de la rueda de prensa en el ECU 911 del 13 de abril de 2018 en la que Ramiro Rivadeneira se presenta junto al ministro Navas y Zambrano a dar a conocer que no se podía confirmar la muerte del equipo periodístico de El Comercio, re4sume en cuerpo entero la práctica de esta institución.

 

Por: Vladimir Andocilla

Coordinador colectivo DDHH “Kinty ñan”