Por Marco Villarruel Acosta
La intervención de las Fuerzas Armadas es una etapa más en el proceso de fascistización propiciada por el Grupo Noboa.
No deja de asombrarnos las noticias diarias sobre el auge del crimen y la violencia. Cada día creíamos que ya lo sabíamos todo y que ya nada podría asombrarnos. En Guayaquil no hay un solo día que no se registre un hecho delincuencial con muerte.
El cometimiento de hechos criminales se sucede de manera imparable, efectuados no solamente por las bandas criminales sino también por policías y militares armados, que fueron llamados para ayudar a la lucha anti naco pero que terminaron cometiendo actos de corrupción y de violencia contra la población civil desarmada, creando de esta manera un país dominado por las armas y en pleno proceso de formación de un Estado fascistoide. Esto se pudo constatar con la crueldad contra el movimiento indígena y los estudiantes y maestros movilizados por la derogatoria del decreto que subía el precio del diésel.
Veamos este ejemplo: una nota de prensa publica la impactante noticia de que la policía atrapó a una banda de policías en servicio activo y pasivo que tenían como ocupación económica, luego de sus horas laborables, a vender armas, municiones y más utensilios armados a dos grandes bandas de delincuentes.
Días antes, el tristemente célebre delincuente Don Fede salía campante de la Penitenciaría de Guayaquil tras cohechar a un grupo de vigilantes, entre ellos varios militares.
En el mes de mayo del 2025 un destacamento de militares ecuatorianos que se hallaba patrullando la zona limítrofe con Colombia fue atacado por sorpresa y como resultado fallecieron once soldados. Días más tarde un subteniente militar (seguramente recién graduado) fue detenido y acusado de filtrar la información que facilitó la emboscada a los militares.
El 6 de julio el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó sobre la detención a dos agentes del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, presuntamente vinculados a una red de narcotráfico, que “operaba dentro de centros de privación de libertad” del Ecuador.
Estos acontecimientos se produjeron a pesar de muchos decretos, estados de excepción, nuevos reglamentos, compra de más y más armas, ingreso de militares y civiles extranjeros contratados como “expertos” en seguridad para combatir a la delincuencia organizada, pero que nos ha llevado al nada honroso primer puesto dentro de los países de mayor criminalidad. Es que la desesperación, la impericia, la presencia de asesores descalificados en la Casa presidencial, no han rendido el fruto deseado, y ni siquiera con la asesoría del tristemente célebre sicario internacional norteamericano Eric Prince, o de los asesores israelitas, ha podido conseguirse ningún avance significativo.
¿Podrá la base militar extranjera, tan anhelada por el presidente Noboa, contribuir a la erradicación de la violencia criminal?
Veamos esta información que ha estremecido al país y que demuestra claramente que la militarización del Ecuador, así como la presencia de mercenarios y soldados extranjeros, no podrán solucionar ningún aspecto de la violencia criminal: “La investigación, denominada “Depuración Azul”, destapó una red que involucraba al menos a seis policías —cinco en servicio activo y uno en servicio pasivo— junto con dos civiles. Uno de los hallazgos más alarmantes fue que parte de las municiones incautadas en el operativo final habían sido donadas por el Gobiernode los Estados Unidosal Ecuador. El caso “Depuración Azul” ha sacudido a la opinión pública ecuatoriana, no solo por evidenciar la corrupción dentro de una institución clave como la Policía Nacional, sino también por su impacto en la lucha contra el crimen organizado. La utilización de armamento donado por un gobierno extranjero pone en entredicho los controles internos, la cadena de custodia institucional y la efectividad de las políticas de seguridad. (INFOBAE, Argentina).
La intervención de las tropas militares y policías, que ascienden a miles, incluidos los reservistas, no ha hecho sino involucrarlos en actos delictivos en un fenómeno que bien podría llamarse de víctimas colaterales, especialmente por la contaminación que sufren en la custodia de las cárceles y el trasiego de la droga. Su labor ha sido poco efectiva, no obstante la vigencia de las leyes de Solidaridad Nacional, y la Ley Orgánica de Inteligencia, expedidas por la Asamblea Nacional.
Los 17 militares detenidos por el caso de los Cuatro Niños de Guayaquil es la más clara demostración de un estado de guerra solapado en el que los militares tratan como enemigos a inocentes desarmados, actos que son amparados por leyes y jerarquías.
Hay depuraciones, desvinculaciones y destituciones de militares y policías, aunque hay muy pocos oficiales, lo que indica que la tropa pagará siempre con la culpa. Además se registra un número importante de militares y policías de alto rango acusados de complicidad e integración de bandas criminales. Esta nota la publicó un medio de comunicación electrónico: “Julio César Miño, excoronel de la Policía, era el encargado de reclutar agentes en servicio activo. Mientras que Galo Litardo, capitán de la Armada, alertaba sobre operativos en los puertos”.
El contubernio entre una función judicial corrupta, gobernantes intimidados, y 100 000 hombres armados que lucen sus relucientes tanquetas de última generación, no dan solución a las masacres en Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. Están creando una sociedad amedrentada que no sabe si podrá regresar a su casa esta noche y peor todavía verse obligada a concurrir a las urnas a una consulta inocua, disparatada e inútil.