Por William Pazmiño Olvera.

La voz altiva de maestros, estudiantes, trabajadores, se hizo sentir este 18 de mayo. En todas las ciudades de la costa, sierra y amazonia se divisaban grandes concentraciones acompañadas de consignas refutando la aprobación de la Ley Humanitaria y exigiendo la salida del ministro Richard Martínez.

Las organizaciones sociales elevaron su nivel de reclamo contra las desacertadas políticas económicas del gobierno. Pasando de los tuits a los cacerolazos y de combativos plantones a   numerosas movilizaciones en todo el país. De a poco, el Frente Popular revitaliza con éxito el sentimiento de enfrentar al ejecutivo y a la mayoría gobiernista y a la derecha existente en la Asamblea Legislativa.

En la ley en mención, los asambleístas, por “pedido generoso” de Lenin Moreno desecharon las contribuciones y solo aprobaron las reformas laborales que flexibilizan la jornada laboral, el sueldo y los nuevos contratos en perjuicio de los trabajadores, materializando así, una vieja aspiración de los sectores empresariales. En este conjuro participaron el gobierno, CREO, AP, ID, SUMA, IND., entre otros, que esperaban el anuncio de un decreto ejecutivo para financiar   la patoja ley. Inadvertidamente y de forma traicionera en cadena de radio y televisión el presidente completo su obra siniestra al confiscar el 8.3 y 16.6% de los sueldos de los maestros y empleados públicos respectivamente.

El pueblo financia las arcas fiscales para cumplir con el FMI y los portadores de bonos del Estado. Se garantiza religiosamente el pago a la deuda externa tomando recursos de salud y educación “para no caer en default” cuando en otros países sus gobernantes declararon una moratoria.  Grandes empresas que eran ligeramente consideradas para “contribuir” con recursos para enfrentar la crisis sanitaria, salieron avante de manera intacta, en contra parte a los trabajadores y el pueblo le asestaron un golpe letal. Si bien es cierto el COVID no tiene miramientos en su ataque, con el poder de decisión de los tradicionales grupos de poder el combate a la pandemia demuestra un marcado sello de clase.

Correa tiene una significativa responsabilidad en la debacle de la economía. El orquestado atraco a los dineros públicos y el agresivo endeudamiento externo lo descalifican para ponerse en la vereda del pueblo que exige prisión y confiscación de sus riquezas, mal habidos. Adicionalmente la CUT y la RED son corresponsables del despojo de nuestros derechos sindicales por lo tanto adolecen de calidad moral y credibilidad para asumir la defensa de los trabajadores.

Al pueblo solo le queda combatir para impedir la consumación de las torcidas reformas laborales, la reducción de sueldos y la desvinculación de maestros y trabajadores. La exigencia al veto a ley de Ayuda Humanitaria no es tarea imposible si acrecentamos el combate a un gobierno visiblemente vencido. Hasta eso resistencia total, ni una hora, ni un minuto ni un segundo adicional del tiempo establecido por ley. Desacato al teletrabajo los fines de semana denunciando con valentía a las autoridades que pretendan descargar su ineficiencia en extensas actividades curriculares y desde luego sumarnos a la jornada de protesta del lunes 25 de mayo.

A este ritmo el virus pasará, sin embargo, la ira hacia el gobierno contagia a los ecuatorianos y su crecimiento es exponencial. El antídoto: el pueblo al poder.