Por Ramiro Vinueza P.
Varios días luego de la declaratoria de Conflicto armado interno, el ejercito ha realizado despliegues a varias provincias del país, ha ocupado algunas cárceles, ha realizado incursiones en zonas llamadas calientes; en estos operativos -según ha informado el jefe militar – han sido apresados más de mil quinientas personas que serían pertenecientes a algunas de las 22 bandas delincuenciales. De la información de los operativos emitidos por los grandes medios de comunicación como por redes sociales, se aprecia que la mayoría de los detenidos son jóvenes y sus detenciones fueron realizadas en barrios populares.
La delincuencia juvenil, es una realidad lacerante en el Ecuador, son grupos de niñas, niños, y adolescentes que viven en un contexto social caracterizado por niveles de miseria, desempleo, viven en tugurios con baja escolaridad o analfabetismo, son víctimas agresiones sexuales y desintegración familiar y del narcotráfico. En el país, la juventud constituye un número significativo de la población – mas de 3 millones de entre 0 a 25 años. Sin embargo, los gobiernos de turno pese a conocer la estructura de edades de la población y las obligaciones que tienen con este sector para invertir mas en escuelas, colegios, abrir las posibilidades de educación superior y de trabajo, han ido en la dirección contraria. La consecuencias: niños y jóvenes condenados a la pobreza eterna, sin colegios,sin universidades y sin trabajo. El sistema capitalista les niega todo tipo de oportunidades. Por ello la delincuencia y los delincuentes son un producto de una sociedad injusta, desigual y corrupta. Mientras los pobres y pobres extremos somos más, un grupo de 300 familias dueñas de grandes empresa y bancos, acumulan año a año mas riqueza, y los gobiernos les dan multimillonarios perdones tributarios y aseguran sus intereses y privilegios.
Por ello es necesario advertir y rechazar los estereotipos con los que se están manejando el ejército y las fuerza policiales. ¡ Cuidado¡ , ser joven, vivir en un barrio popular, tener un tatuaje, no es sinónimo de delincuente.
En estos días han circulado vídeos de jóvenes que caminan por espacios públicos, en sus barrios, en la calle, que son detenidos por los militares los ponen contra pared o en el piso, les obligan a quitarse sus prendas de vestir, los humillan por el modelo de sus ropas y los estigmatizan por tener tatuajes. A través de las redes sociales también circulan videos de varios detenidos donde se observa a los militares ejercer la fuerza con los aprehendidos; les obligan a cantar y a imitar sonido de animales, (como tigres a los que suponen pertenecen a los tiguerones,etc. ), en otro hacen cantar parte del himno nacional. “Estamos patrullando toda la ciudad, revisamos antecedentes penales y tatuajes relacionados a bandas criminales, pues eso nos ayuda a perfilar mejor a los sospechosos”, informó uno de los militares de los operativos a un periódico de Manabí. Los despojan de los zapatos, medias y camisetas en busca de armas y drogas, así como la revisión de mensajes privados en los celulares.
Las juventudes en el Ecuador son reconocidas por la Constitución como actores estratégicos del desarrollo, constituyen una fuerza emergente de las sociedades y son históricamente factores de cambio; sin embargo no han existido en acciones institucionales a su favor, la brecha de desigualdad, discriminación y exclusión son evidentes. “En lugar de estigmatizar y criminalizar a los jóvenes, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y Policía, deben ofrecer seguridad y garantías a escuelas, colegios y universidades y barrios populares pues estas y otras medidas evitaran que las mafias sigan teniendo a las escuelas y colegios como espacios para el microtráfico.
Hasta ahora el Gobierno no informa cuáles son las políticas públicas para atender los problemas sociales, que acompañen al estado de excepción y la «declaración de guerra». Políticas que permitan generación de empleo, salud, educación, seguridad alimentaria, recreación y aprovechamiento del tiempo libre en las 24 provincias, teniendo en cuenta la diversidad de nuestro país, priorizando las zonas más apartadas y de mayor conflictividad. Hasta ahora, ni el gobierno, ni la Asamblea dicen nada para aprobar leyes, políticas e inversión para fortalecer y priorizar acciones para la prevención del reclutamiento, uso y/o utilización de niñas y niños en el marco del conflicto con las bandas delincuenciales, narcotráfico y las violencias relacionadas. Sin embargo, se ha podido oír a asambleístas relacionados con las familias poderosas del país, anunciar varias reformas al COIP en las que se criminaliza a los jóvenes a mas temprana edad.
Vivir en el Guasmo, la Trinitaria, Carapungo Atucucho o Solanda, Alapachaca ,Picoaza, o en el barrio la Guacharaca no es sinonimo de pertenecer a ninguna banda, ni que todo el barrio sea “guarida de los terroristas” donde pueden ir a arrasar y quemar las casas. Una conducta así puede degenerar en un derramamiento de sangre, en ejecuciones extrajudiciales, como sucedió el 13 de enero, cuando cerca de 20 jóvenes que estaban reunidos en la vía, fueron atacados por tres hombres desconocidos, armados, que dispararon contra todo el grupo, sin ninguna consideración de que habían menores de edad, este hecho dejo un joven de 15 años muerto y su hermano de 17 herido, reporto el portal Primicias.
La seguridad no puede manipularse con el populismo penal, con anuncios grandilocuentes de más cárceles, mas penas, más castigos, etc. La seguridad ciudadana no debe enfocarse solo desde la perspectiva militar y policial, debe tener medidas sociales potentes, es decir, mas inversión en educación, en la creación de fuentes de trabajo.
Los jóvenes empobrecidos, discriminados, excluidos, a los que el Estado tiene el deber de atender, no pueden ser estigmatizados, ni criminalizados.