Por Mariano Santos N.
Singue, es uno de los varios campos denominados Marginales (ahora llamados MENORES) que como su nombre lo indica, son pequeños, tienen pocas reservas y, por ende, una baja producción de crudo (no sobrepasan los 5 000 barriles diarios, es decir, el 1% de la producción nacional).
Acaba de hacerse público la decisión de una sala de la Corte Nacional de Justicia de declarar la nulidad del caso Singue, en donde se acusaba por peculado, entre otros delitos, a Jorge Glas (ex vicepresidente del País), Wilson Pastor (exministro de energía), Carlos Pareja Yanuselli (exgerente de Petroecuador), entre otros funcionarios del gobierno de Rafael Correa procesados, solicitud de formulación de cargos hecha por la Fiscalía general del Estado el 2019, a la que se sumó la procuraduría.
Ciertamente, esta sala no declara la inocencia de los sindicados sino la nulidad del proceso, es decir, que todo debe regresar a cero y, si es que se quiere seguir acusando, debe abrirse un nuevo proceso, pero ¡Háganlo bien! Con esta decisión no sólo que Glas sino a lo mejor, el mismo Capaya podrían salir libres en las próximas semanas.
Por supuesto que esto no es nuevo, pues existen dos exgerentes de Petroecuador: Alex Bravo y Marco Calvopiña, que ya gozan de su libertad luego de haber sido sentenciados, pero sin haber pagado un solo centavo por los perjuicios al País.
¿No fueron presentados adecuadamente los cargos por la fiscalía?… ¿existe contubernio con los miembros de esa sala de la corte nacional?: ¡es la «justicia» que tenemos!
El titular de esta nota decía que este es un ejemplo de lo que no debe hacerse. En efecto, altos funcionarios públicos, un determinado tiempo están en el sector privado, en otros regresa al público en un ida y vuelta para aprovecharse.
Estando en el sector público extraen información técnica privilegiada para favorecer a ciertas petroleras privadas.
En los círculos petroleros, siempre fue muy conocida la vinculación muy estrecha de Pastor con Dygoil (la beneficiaria de este contrato y por supuesto con su gerente César Guerra, otro de los procesados en este caso) en el consorcio DGC. Dygoil fue la que negoció con los chinos para traer esas empresas asiáticas al Ecuador y en donde Pastor fue alto ejecutivo, pues fue gerente de CNPC (Compañía Nacional de Petróleos de China) entre 2001 y 2007, empresa que tuvo como socia precisamente a la compañía Dygoil tema que también debe ser investigado.
Fue precisamente la petrolera Dygoil, la que se asoció con Gente Oil Ecuador para conformar el consorcio DGC y suscribir un contrato de prestación de servicios para la explotación petrolera del campo Singue, el 30 de abril del 2012 por el entonces ministro de Recursos no renovables, Wilson Pastor.
Este campo petrolero que se ubica al norte de Sucumbíos. Tiene 3 446 hectáreas, contaba con solamente tres pozos y sus reservas se estimaron inicialmente en 4,2 millones de barriles;
Ya en el pasado, con gobiernos anteriores y con Correa, estos «campitos» han servido para devolver favores a los aportantes de las campañas políticas presidenciales y, así «gratificarles» con estos regalitos por su colaboración, que representan centenas de millones de dólares.
En la estatal petrolera, expresamente se descuida o se abandona su explotación, se los deja en las peores condiciones posibles, para entonces justificar su entrega, en condiciones desfavorables para el País.
Entonces, los «inversionistas» nacionales llámese aportantes, hacen su agosto, pues sin mayor esfuerzo obtienen enormes ganancias, como parte de la corrupción generalizada en que se debate el Ecuador.
Singue, era por consiguiente un campo pequeño, marginal, prácticamente botado y abandonado por las autoridades de Petroecuador.
Hasta que nuevos estudios, impulsados por sus técnicos, revelaron que sus reservas eran muy superiores, no menos de 5 veces más (20 millones de barriles) como fruto de los estudios, principalmente de sísmica 3D, realizados por la estatal Petroecuador. Un informe de la Contraloría señala varias irregularidades, según los auditores que revisaron la adjudicación del bloque.
Según Contraloría, hay principalmente 3 irregularidades:
1. La adjudicación del contrato no procedía por cuanto la oferta incumplía los requisitos establecidos en las bases de la licitación y debía ser descalificada. El 18 de septiembre de 2012, cinco meses después de la suscripción del contrato, Dygoil (que tenía el 60% de la participación) pidió al ministro de recursos Naturales, autorizar el traspaso de acciones del Consorcio DGC a favor de Gente Oíl Ecuador (que tenía el 40% del paquete accionarial).
Por recomendación del COLH (Comité Hidrocarburífero de Licitaciones) al ministro, la cesión de acciones se concretó el 29 de agosto de 2014. Sin embargo, la empresa recién fue constituida el 15 de marzo de 2012 en Singapur, apenas un mes antes de la concesión del contrato, es decir, ya todo estaba fríamente calculado.
2. Las reservas en base a las cuales el COLH otorgó la explotación del campo Singue fueron subestimadas, es decir los 4,2 millones y no los 20 millones de la realidad, con lo que se favorecía escandalosamente al mencionado consorcio.
Tan es así, que, en apenas 4 años, hasta el 30 de septiembre de 2016 ya se había extraído el 244,7% de lo previsto para los 20 años, lo cual prueba categóricamente la subestimación mañosa de las reservas. Los datos de las reservas supuestas fueron elaborados por José David Burgos, subsecretario de Estudios y Patrimonio Hidrocarburífero, quien, luego de tres meses de suscrito el contrato de explotación, también pasó a trabajar en el consorcio adjudicado, DGC. Además de firmar el informe de las reservas supuestas, Burgos fue parte de la comisión que analizó la oferta económica del consorcio, así como del equipo técnico que negoció la tarifa.
3. Derivado de lo anterior, se fijó la tarifa, (lo que paga el Estado a la compañía) que fue $33,50 que se negoció en el contrato y, según la contraloría es $1,05 por barril superior a la que técnicamente debía haberse fijado, pues existían más reservas de crudo, ocasionando un perjuicio al País de $5,2 millones.
Aquí, otra barbaridad de la contraloría, pues el valor del perjuicio calculado por ellos se queda totalmente corto.
Antes, una precisión, estos contratos de prestación de servicios implican que el Estado cede el manejo del campo a la petrolera, a cambio de una tarifa que paga el Estado; mientras más alta es la tarifa, menos ingresos quedan para el País. A su vez, la tarifa tiene 2 componentes: el costo de producción en ese campo y la utilidad razonable para la empresa contratista.
En febrero del 2011 La propia contraloría, había establecido que el costo de producción para los campos marginales no superaba los $8,0 por barril; entonces si estimamos una utilidad razonable (siendo bastante generosos) de unos $5 por barril, la tarifa a pagar no debía haber superado los $13($8 + $5) el barril.
Para ratificar estos valores, vale la pena comparar con tarifas pagadas en otros campos marginales; Así, en un concurso cuyas ofertas fueron conocidas el 20 de septiembre de 2017
las ofertas fueron de un mínimo de USD 11 por barril y un máximo de USD 20 por barril», que como se puede apreciar eran muy inferiores a las de Singue.
Por consiguiente, el perjuicio al País no es de $1,05 como dice la contraloría, sino de más de $20 por barril, ¡con lo cual el perjuicio total de este contrato no es de $5,2 millones sino de $410 millones!
Por las razones señaladas y otras, la Contraloría, envió un informe a la Fiscalia, con indicios de responsabilidad penal contra 21 funcionarios implicados, incluidos el vicepresidente Glas, el exministro Pastor, el exministro Carlos Pareja, César Guerra y Silvana Pastor.
¿Quién es Silvana Pastor?
Es la hija de Wilson Pastor (ministro de hidrocarburos hasta abril de 2013) que empezó a trabajar como directora Financiera de Gente Oil Development y como vicepresidenta de Gente Oíl Ecuador, según reportes del Seguro Social. Es decir, laboró en la beneficiaria original del campo Singue y en la sucesora de los derechos accionariales de explotación.
¿Por qué también fueron acusados Jorge Glas y Carlos Pareja?, pues por corresponsables, ya que Glas era el responsable de los sectores estratégicos y Pareja por que era el gerente de Petroecuador. Pero, pero, el más importante, el que desde Carondelet resolvía la entrega de estas “gratificaciones” a sus valiosos y apreciados contribuyentes de las campañas no fue acusado…
¿Se les olvidó?