Por Isabel Vargas Torres
Durante once años (2011-2022), el derecho a la educación superior se basó en un sistema de ingreso que desarrolló como instrumento principal la aplicación de exámenes estandarizados. Desde ese momento miles de jóvenes se han quedado sin ingresar a la Universidad. Según datos oficiales de la SENESCYT (II Semestre 2012 a II semestre 2019), a escala nacional, han postulado para acceder a un cupo a la educación superior 2’241.732 estudiantes, de los cuales el 3.32% (71.983) corresponde a postulantes de pueblos y nacionalidades indígenas. A escala nacional, al 53% (1’197.451) de los postulantes se le asignó un cupo; mientras que el 47% (1’044.281) restante no obtuvo un cupo. Respecto a los pueblos y nacionalidades indígenas, al 62% (44.273) de los postulantes se asignó un cupo, mientras que al 38% (27.710) restante no se asignó un cupo. Mientras en el proceso del 29 de marzo 2022, en el test Transformar, participaron 327.128 postulantes para aproximadamente 122 mil cupos. Luego de una década de exámenes estandarizados es menester preguntarnos ¿De qué ha servido a nuestros jóvenes rendir las pruebas y obtener buenos resultados? si al final no existen los cupos suficientes para todos.
Otro problema de fondo es el recorte sistemático de recursos a la educación. Según el Observatorio del Gasto Publico: “El presupuesto aprobado para las 33 universidades y escuelas politécnicas públicas pasó de USD 867,26 millones en 2019, a USD 798,64 millones en 2020; es decir, sufrió una reducción del 8% en un año (-USD 68,62 millones), según los registros codificados”.
En este contexto la Unión Nacional de Educadores reconoce el derecho y capacidad que tienen las Instituciones de Educación Superior como parte de su autonomía a desarrollar procesos de admisión propios, está siempre fue una demanda de las luchas de las organizaciones estudiantiles, sociales y populares. Sin embargo, al existir miles de jóvenes rezagados y sin cupo el problema va más allá de quien recepta o ejecuta la evaluación. Los problemas en educación no se resuelven por decreto como el Gobierno busca hacernos creer al señalar que con la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior y al eliminar la responsabilidad de la SENESCYT e INEVAL en aplicar los exámenes de ingreso a la Universidad, las dificultades en el acceso están “solucionadas”. Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE), demandamos:
• Los derechos fundamentales como el de la educación, se materializan a través de la inversión económica. Eliminar el examen es un primer paso. Pero no es suficiente, si está medida no viene acompañada de los recursos necesarios, más aún cuando el problema de la educación superior está claro. La demanda supera la capacidad de las Instituciones de Educación Superior. Es necesario devolverle a la Universidad pública sus recursos recortados e incrementar su presupuesto.
•El modelo de evaluación vigente ―impulsado por INEVAL y avalado por el Ministerio de Educación, SENESCYT― tiene como característica un enfoque orientado al control, la certificación, la comparación y la clasificación. Han predominado las miradas estadísticas en detrimento de las miradas educativas integrales. Convocamos a las organizaciones sociales, estudiantiles, instituciones gubernamentales y no gubernamentales a la academia a desarrollar un debate y acuerdo que nos permita alcanzar un salto cualitativo en el enfoque, en la confiabilidad y en los procesos de evaluación. Es preciso recuperar el significado formativo de las evaluaciones, su papel para identificar vacíos y fortalezas y su valor para ser utilizado en el progreso de derechos.
•Respaldamos las demandas de nuestros estudiantes expresados de manera oportuna mediante sus organizaciones como la FESE y FEUE quienes señalan la necesidad de un Ciclo Básico Común como sistema de acceso y la ampliación de componentes socioeconómicos como medidas afirmativas dirigidas a grupos vulnerables…
