Por Francisco Escandón Guevara

El 10 de diciembre pasado se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Detrás de pomposos discursos, de estadísticas escalofriantes y costosos eventos, pareciera que la apuesta actual de las élites es la de castrar el contenido subversivo de los mismos, para disfrazarlos de falsa neutralidad ascética.

Los Derechos Humanos no constituyen un catálogo de inmutables utopías, sino son un producto histórico de las exigencias populares, son una versión actualizada de la lucha de clases en la sociedad mundial, por ello su carácter es progresivo.

La inicial reivindicación de los derechos de libertad y participación política fueron resultantes de la lucha contra la monarquía oscurantista y en oposición a las arbitrariedades del poder feudal. Así se constituyeron los derechos de primera generación: el derecho a la vida, a la libertad ideológica y religiosa, a la libre expresión, a la propiedad, al voto, a la huelga, etc.

Seguidamente, los derechos de segunda generación corresponden a las demandas de las clases trabajadoras oprimidas en el capitalismo, a sus exigencias económicas, sociales y culturales para conquistar una vida digna. Entre ellos se apuntan: el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, etc.

Los derechos de tercera generación, también llamados derechos de la solidaridad y la paz, son la respuesta popular a la amenaza de la Guerra Fría que polarizaba a los intereses del imperialismo norteamericano y del social-imperialismo soviético.

En la actualidad, frente a la emergencia de problemas ambientales, étnicos, bioéticos  y tecnológicos los pueblos demandan el reconocimiento de los derechos de cuarta generación (ambiente sano, democratización de software, soberanía del cuerpo, interculturalidad sin dominación, etc.) que están amenazados por apetitos monopólicos y conservadores.

Pero la declaratoria de derechos es insuficiente. Basta mirar la reacción estatal frente a las movilizaciones en Latinoamérica y el saldo es que la violencia se constituye en un instrumento común de política pública, tan horrendo que atropella hasta el elemental derecho a la vida.

Urge recuperar el carácter subversivo de los derechos humanos para rebasar su mitificación e inaplicación. En esa tarea son las masas las protagonistas.