Por Marco Villaruel.

 

Santiago Cuesta, oscuro y polémico funcionario del régimen de Lenin Moreno, de profesión encuestador y sin títulos académicos, anunció que en los próximos meses se concretará la concesión de la Corporación Estatal de Comunicaciones (CNT).

Con el pretexto de conseguir dinero para gasto corriente, Cuesta al parecer ha avanzado las negociaciones con las transnacionales para la entrega de este bien estratégico, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente, y que para evadirla usa la expresión leguleya “concesión”, para no decir venta.

 

Santiago Cuesta, el vendedor de los bienes del  Estado.

 

Las empresas telefónicas extranjeras y las que operan en el Ecuador están de plácemes puesto que a la larga sabrán cómo deshacerse –o absorber- a la CNT y con ello fortalecer el monopolio, con el consiguiente incremento de precios a los consumidores y el despido de trabajadores, así como el aumento de sus ganancias. En este tema nadie ha podido explicar por qué este funcionario encabeza las negociaciones cuando el gobierno cuenta con funcionarios legalmente calificados para ello.

En este acto de rapiña internacional y de pérdida de la soberanía nacional, lo que ha hecho Santiago Cuesta con la venia de Lenin Moreno es continuar con los planes neoliberales iniciados en las postrimerías del gobierno de Rafael Correa, que había avanzado en la elaboración de los pliegos y en la contratación de alguna firma que establezca el valor real de los bienes de la CNT. Las negociaciones se desarrollan en secreto y no sería nada extraño que los continuos e inexplicables viajes de Moreno al exterior tengan que ver con este tema, y hasta con el futuro de Julian Assange en Londres.

Lo cierto es que en pocas semanas el Ecuador perderá esta empresa sumamente rentable y marchará en dirección contraria a lo que hacen los países de todo el mundo que consiste en defender su mercado de las telecomunicaciones y buscar un desarrollo tecnológico autónomo con el apoyo de las investigaciones en ciencia y tecnología. Y además ya se sabrán los mecanismos corruptos que inevitablemente acompañan a estas ofensivas depredadoras.

La pérdida de CNT no viene sola. Las sospechosa ruta de aprobación de la ley de Comunicación deja ver con claridad la ofensiva del grupo González (propietaria de un sinnúmero de medios de comunicación en el Ecuador y en Latinoamérica) para quedarse con las numerosas frecuencias obtenidas de manera ilegal, en plena era correista, tal como lo demostrara la Contraloría y numerosas entidades universitarias y de la sociedad civil. Entrampado su trámite en las redes parlamentarias, poco a poco el proyecto de ley se va acomodando aún más a la vieja casta de propietarios de medios y a los proyectos políticos y económicos de los grupos oligárquicos del país. Detrás de las prédicas de la “libertad de expresión” se esconde el propósito de dejar las cosas como están.

Para ello han creado la telenovela de las frecuencias. En meses pasados la Contraloría General del Estado determinó irregularidades en el concurso efectuado a finales de la gestión del gobierno de Correa. En el documento se estableció que allí hubo de todo. Desde presiones políticas, pasando por procedimientos ilegales y flagrantes hechos de corrupción. Se estableció entonces que la inacción gubernamental radicaba en la lenidad de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), aunque nadie duda que poderosos intereses actuaban desde afuera para hacerse de las frecuencias radioeléctricas y de otros jugosos negocios. Antes de ser cesado de manera súbita, Juan Carlos Martínez, penúltimo Director, escandalizado por la desidia interesada, destituyó a veinte funcionarios a quienes acusó de no aplicar las disposiciones de la Contraloría. El nuevo Director, Ricardo Freire, ratificó la reorganización y ofreció cumplir con lo dispuesto por la Contraloría.

Aparte de culebrón de las frecuencias que se desenvuelve en la Asamblea Nacional como efecto de la aprobación de la eterna ley de Comunicación, están dos asuntos de vital importancia. El primero es la revocatoria de los ilegales permisos de funcionamiento de dos sistemas nacionales de televisión cuya propietario es nuevamente Ángel González (alias “El fantasma”, por cuanto maneja sus medios de comunicación desde Miami a través de prestanombres). Se trata de RTS y Televicentro, que funcionan al margen de la ley y no hay poder humano que sancione estas transgresiones. Como saga de este capítulo está la renovación de decenas de frecuencias que tienen caducados sus permisos de funcionamiento, y la negativa de atender con el 34% a las radios comunitarias. Cada reforma sea de la Asamblea o del Ejecutivo trae disminuciones a los medios comunitarios y a los productores nacionales de publicidad y cine.

Y el otro tema es el caso Tomislav Topic.  Este magnate de las telecomunicaciones  está acusado de tender un cable de fibra óptica desde Miami hasta la costa ecuatoriana y no pagar las regalías que corresponde. Pero el pantano de irregularidades ahoga  a Topic y a sus conexiones al más alto nivel como fueron Jorge Glas y Ricardo Rivera (ambos detenidos por otros casos). Topic está enredado en el caso Odebrecht, en la trama china de concesión de recursos, en los contratos de manejo de datos para las elecciones nacionales pasadas, y hasta en un divorcio que derivó en el descubrimiento de numerosas y grandes propiedades así como en oscuras negociaciones. Permanece indemne y de rato en rato reaparece con escenas planificadas por el controvertido  Jorge Zabala Egas, mediante los cuales “devolvió” 13 millones y medio de dólares, y meses antes “regaló” 5.7 millones de dólares a Televisión Satelital (propiedad de Rivera). Por ahora Topic está encausado solamente por lavado de dinero.

 

Ecuador vive en estos días esta marejada de eventos que giran alrededor del mercado de las telecomunicaciones, de las tecnologías, de las frecuencias, pero no están visibles las políticas soberanas de defensa de los recursos de los ecuatorianos.