Francisco Escandón Guevara

Al inicio de esta semana comenzaron las audiencias de juicio por los casos de sobornos que involucran a Rafael Correa y 20 procesados más. La acusación de cohecho, formulada por la fiscalía, se fundamenta en pruebas de coimas que superarían los USD. 7,7 millones hechas por compañías privadas para financiar campañas electorales, sabatinas y festines de Alianza País.

Desde el correísmo hay una trama de acciones para desprestigiar la etapa de juicio que enfrenta Rafael y su pandilla. Todo lo tienen fríamente calculado, al punto que inició una profusa campaña de victimización para prolongar la impunidad del prófugo e influir en el sistema judicial.

Es anecdótico. Aquellos que metieron la mano en la justicia y que presionaban a los jueces para evitar fallos contra el gobierno, ahora denuncian parcialización, violación de las libertades públicas y de los derechos humanos, forjamiento e inexistencia de pruebas y llegan incluso a señalar que se trata de un caso de persecución política para impedir que Correa sea candidato en las próximas elecciones.

Está claro. Los defensores del correísmo apuestan a empantanar el proceso de juzgamiento, por ello insisten en un sinnúmero de argucias legales para demorar el juicio. Ahora recusan jueces, cambian abogados, excusan enfermedades, etc., para que Correa inscriba su candidatura a vicepresidente o asambleísta antes que exista sentencia en firme de la justicia ecuatoriana.

El país está en una prueba contrarreloj. El tiempo apremia, más aún luego de que el CNE  adelantó sospechosamente el mes de las elecciones que se desarrollarán en el año 2021. Los hechos, la realidad, testimoniarán si se castiga a la corrupción de una década o se impondrán los pesados malabares que intentan lograr la impunidad perpetua del caudillo y sus acólitos.

Todo depende del sistema judicial. Ahora verdaderamente se podrá constatar cuánto aún existe de las sucias manos metidas en la justicia y si es que las promesas de descorreizar el Estado se efectivizaron.

Los corruptos deben tener una sanción rápida y ejemplar, deben ser privados de la libertad y devolver la plata robada. Los contratiempos, las mañoserías deben ser rechazadas. El pueblo ya no come cuentos.