Por Remo Cornejo Luque

La lucha del magisterio no es solo por los sueldos. Esa muletilla orquestada desde los grupos de poder cae en saco roto.

La lucha del magisterio ecuatoriano es porque entre en vigencia las reformas a la LOEI, proyecto que fue trabajado desde las bases, consensuado y debatido en la Asamblea Nacional por varios años hasta que se logró su aprobación y su respectiva publicación en el Registro Oficial.

Es una lucha que busca mejorar la educación fiscal, laica, gratuita y de calidad; que se asigne el 6% del PIB para este sector, tomándolo como inversión y no como gasto; busca eliminar el acoso sexual en las aulas; eliminar ese BGU que fue una copia al carbón de otras realidades; fomentar el internet gratuito para todos; mejorar la infraestructura educativa; abrir las escuelas cerradas durante la época del correísmo; dotar de mejores textos escolares, así como de colación y almuerzo para los educandos. Es decir, es una ley que beneficia a toda la comunidad educativa.

Los maestros desde hace 14 años tienen congelados sus sueldos y esta ley busca, también, equiparar sus ingresos, tal como se lo hizo en julio del 2016 con todos los servidores públicos, por parte del Ministerio de Trabajo, a excepción del Magisterio. Se quiere hacer justicia en cuanto a su jubilación, tal como lo tienen otros sectores como las FFAA y la policía.

Toda ley debe tener carácter progresivo y la LOEI se enmarca en ese lineamiento constitucional. Así mismo, en estas Reformas, se hace justicia con los Educadores populares o comunitarios, a quienes por más de 15 años no se les reconoció su derecho, por parte del Gobierno, a ser afiliado al IESS, como el resto de trabajadores del País.

Ah que el gobierno, quien prometió en campaña atender las demandas sociales, venga a argumentar que no hay dinero para atender la educación es una falacia y una clara demostración de dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Si tan solo el gobierno cobrara los USD 7 500 millones de evasión tributaria de los monopolios empresariales y si se emplean los USD 1 500 millones del incremento del precio del barril de petróleo (se lo fijó en USD 37 y hoy se lo está vendiendo a más de USD 70), con eso se cumpliría con el 6% del PIB para educación, tal como manda la Constitución.

Mostrarse insensible a los 25 días de huelga de hambre de los maestros, a las marchas, plantones y cierre de vías que, cada día, van tomando más fuerza; mantener el alza de combustibles que afecta el costo de vida de la población; no atender las demandas de los agricultores y productores; pretender impulsar políticas de flexibilización laboral que afectan derechos de los trabajadores y sostener que las privatizaciones de las empresas públicas es la “panacea” para resolver problemas de déficit fiscal, es no mirar la economía con visión popular sino con lente neoliberal, al servicio del FMI.

El magisterio enardecido, con suma razón, se apresta a radicalizar la huelga de hambre y con seguridad más provincias se sumarán a esta medida. A la par, el 11 de agosto se avecina una jornada nacional de resistencia popular convocada por el FUT, Frente Popular, CONAIE, UNE, FEUE, FESE, CUCOMITAE, entre otras organizaciones. El gobierno está menospreciando la capacidad de organización y lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país. El escenario está claro, o el gobierno atiende las demandas sociales o se revive otro octubre, otro levantamiento popular e indígena, cuyo costo será desfavorable para la bancocracia.