Por Francisco Escandón Guevara

En las campañas electorales es común escuchar promesas de pagar la deuda social, pero una vez en el poder los mandatarios incumplen lo ofrecido y aplican políticas opuestas.

El recién posesionado gobierno de Guillermo Lasso continúa con esa lógica. Durante la segunda vuelta electoral ofreció mejorar el presupuesto educativo, reabrir las escuelas comunitarias, reintegrar a los docentes despedidos y mejorar los salarios del magisterio, pero sus políticas desdicen lo prometido, particularmente al promocionar la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).

Es evidente la demagogia populista. El gobierno está deteriorando su credibilidad y de paso suscribe la continuidad del proyecto correísta al proteger la vieja LOEI y sus normativas secundarias, además de nombrar como ministra a María Brown y a otras autoridades educativas recicladas del régimen anterior.

Es un contrasentido que Lasso se eche para atrás. Antes de posesionarse, el bloque parlamentario de CREO votó, en el marzo anterior, a favor de la reforma educativa que hoy condena y al hacerlo coincide con Rafael que criticó la aprobación de la Ley.

Si la Corte Constitucional cede a las presiones del régimen, para negar la vigencia de la nueva LOEI, el Estado continuará eludiendo el financiamiento del 6% para la educación, negará el bachillerato por especialidades, rechazará el reintegro de los niños que abandonaron las aulas y de los maestros cesados durante la pandemia, insistirá en la precarización laboral docente, hará oídos sordos a la etnoeducación, postergará la conectividad gratuita necesaria para las clases telemáticas y enterrará el derecho del magisterio de equipar su salario con el de cualquier otro servidor público.

Es cierto que las reformas a la LOEI demandan más recursos económicos para su aplicación, pero es infame caracterizar a la educación como gasto y sostener la política de recortes presupuestarios como lo hizo el gobierno de Moreno.

La calidad de la educación pública es consecuencia de la inversión estatal. No se pueden esperar cambios significativos cuando se subordina lo social al pago de la deuda externa dispuesta por el Fondo Monetario Internacional.

Tanta razón y dignidad tiene la huelga de hambre del magisterio. Para ellos toda la solidaridad.