Francisco Escandón Guevara

Rostros ásperos y miradas sinrazón se presentaron en la última cadena nacional. Sobre ellos, aunque curiosamente faltó la ministra María Paula Romo, pesa la responsabilidad de facturar la crisis económica al pueblo y la violación sistemática a los derechos humanos.

El presidente Moreno, nervioso porque no miraba el texto del telepromter, insistió en salvar su des-gobierno apelando al fantasma de Correa y del golpe de Estado, para desprestigiar las movilizaciones y desacreditar a los manifestantes. Esa es la vieja estrategia de la dicotomización de la sociedad, que también la usó el prófugo, para de un lado legitimar el poder absoluto, violento, y por otro para criminalizar a la oposición.

Esa afirmación es errónea, la vanguardia organizativa del movimiento no la tiene el correísmo y aunque quiera aprovecharse de la actual crisis política, para volver a Carondelet, sus liderazgos no tienen eco, porque el pueblo sabe quiénes son los responsables de la corrupción y del despilfarro de los recursos públicos.

También es equivocado el argumento de responsabilizar la violencia a los huelguistas. Este es un problema estructural, no de la última semana, aunque la reacción de los manifestantes es mínimamente el reflejo de la coerción desproporcionada de la policía y el ejército. No se debe olvidar que la matriz originaria del conflicto es el paquetazo decretado por el gobierno, que el estado de excepción viola libertades públicas, que ya existen víctimas (muertos y heridos) de la represión, que se amenaza con guerra y uso letal de la fuerza para terminar con los disturbios.

Por cierto, los actos delincuenciales no son un producto de la lucha contra las medidas económicas, sino consecuencia de una sociedad en la que el Estado no logra resolver empleo y seguridad para la gente.

Otro yerro de Moreno es el de retirar la sede del gobierno de Quito. Esa es muestra de debilidad, frente al asedio de la lucha, que ya tiene dimensiones de un levantamiento popular. Huir a Guayaquil, al nicho electoral de socialcristianos y lassistas, tiene el claro simbolismo del pacto empresarial-burgués que, a nombre de la defensa de la democracia, amenaza con un reguero de sangre.

Si Moreno no deroga el paquetazo, las protestas que iniciaron con ese fin podrían derivar en su salida.