Especial para Opción

Por Carola Pinchulef C.

Estudiante de doctorado en Ciencias Antropológicas UAM-I, México.

María José Lucero

Estudiante de doctorado en Antropología CIESAS Ciudad de México.

La crisis social que enfrenta actualmente Chile encuentra sus pilares en la dictadura militar de Augusto Pinochet y se ha profundizado a través de los distintos gobiernos “democráticos” que han implementado un proceso de privatización del país mediante la imposición del modelo neoliberal. En este marco se manifiestan las múltiples violencias que no solo han impactado al pueblo chileno, sino también al pueblo mapuche. Esta situación evidencia que los gobiernos de turno han demostrado incapacidad para proveer dignidad en los aspectos fundamentales de la vida. Aunado a ello, mujeres y hombres mapuche han visibilizado la lucha histórica que han emprendido, principalmente, por la restitución de su territorio ancestral y la recuperación de la dignidad y la vida como parte de una nación originaria.

En el contexto de la reforma agraria, en la década de 1960, se profundizaron las reivindicaciones campesinas y mapuche que buscaron mejorar sus condiciones de vida a través de un efectivo cambio en la estructura agraria hacendal. De modo que un número significativo de tierras mapuche, usurpadas durante el período colonial, fueron expropiadas a los latifundistas. Sin embargo, con el golpe de estado de 1973 y el transcurso de la dictadura militar, se terminaron por liquidar los territorios comunitarios indígenas en el sur de Chile. A través de la división de las comunidades y su asignación a propietarios individuales, se buscó sin éxito borrar la identidad indígena del territorio histórico mapuche. Así, gran parte de estas tierras comunitarias fueron devueltas a las élites locales y latifundistas, sentando las bases para las industrias forestales y los megaproyectos extractivos.

Además, durante el golpe militar, hubo numerosos casos de violaciones a los derechos humanos; hombres y mujeres mapuche fueron encarcelados/as, exiliados/as, torturados/as, ejecutados/as y desaparecidos/as, sin embargo, su adscripción étnica ha permanecido invisibilizada a lo largo de la historia en los documentos oficiales, reproduciendo una vez más la violencia racista y estructural que el pueblo mapuche ha experimentado histórica y sistemáticamente.

En la actualidad, la aplicación de leyes de excepción en causas que involucran al pueblo mapuche en conflictos territoriales, evidencia la estigmatización que existe hacia la población mapuche y a su demanda territorial: hombres y mujeres mapuche denuncian constantemente cómo la justicia chilena vulnera sus derechos a través de sentencias desproporcionadas e injustificables. Los diversos gobiernos “democráticos” han aplicado la Ley 18.314 (Ley Antiterrorista) en tanto mecanismo legal pos dictadura para reprimir y criminalizar la legítima protesta social mapuche. Dicha ley fue creada en plena dictadura militar, y tiene vigencia hasta la actualidad con el objetivo de penalizar las conductas terroristas mediante la invención y construcción de un enemigo interno. De esta manera, el estado chileno ha instaurado la represión, militarización y hostigamiento policial en las comunidades del Wallmapu[1] que se encuentran en constante resistencia por la defensa y recuperación de sus tierras ancestrales. 

La pérdida de territorio ha provocado efectos devastadores en el pueblo mapuche; el despojo territorial del sistema neoliberal desplazó el bosque nativo, causando disminución y contaminación de los ecosistemas y el aumento de la pobreza, el desplazamiento forzado y la migración interna. Es por ello que un número significativo de comunidades ha usado la protesta social como medio de presión contra el estado, con el objetivo de reivindicar sus demandas de recuperación territorial y autodeterminación. A pesar de ello, el estado chileno no solo ha silenciado el reclamo histórico de las comunidades, sino también ha criminalizado la justa protesta social indígena mediante violencia, encarcelamiento y hostigamiento a mujeres y hombres del movimiento mapuche. A estas formas de violencia se suma la militarización del Wallmapu; sustentada con la retórica de la contra-insurgencia, la cual construye un imaginario social del/la mapuche como terrorista, ese/a mismo/a que reivindica, lucha y protesta legítimamente por sus derechos históricos. 

El escenario de violencia que enfrentan las comunidades mapuche en el sur de Chile, evidencia que la política de despojo se presenta como el patrón a seguir por el estado, afectando mayormente a los pueblos indígenas y sus territorios. En el caso de los liderazgos femeninos mapuche por la defensa de sus territorios, la violencia que las afecta y la intensificación de la misma, guarda directa relación con la visibilidad que alcanzan sus liderazgos en las llamadas zonas de conflicto. Las mujeres del movimiento mapuche al ponerse en la primera línea de la lucha por la defensa del Wallmapu, experimentan de manera directa, al igual que sus familias y comunidades, la violencia del estado y de las empresas extractivas. De esta manera, las indígenas se han transformado en el nuevo enemigo interno del estado y de las empresas extractivistas. Esto es, porque los procesos de resistencia femenina mapuche resultan un obstáculo para sus intereses económicos y políticos.

Estas múltiples violencias reproducen la marginalidad, la pobreza y el racismo como parte de un continuum de la violencia colonial hacia el pueblo mapuche. A pesar de ello, las luchas políticas de las comunidades reflejan la capacidad de agencia por recuperar la dignidad, el territorio mapuche ancestral, las memorias subalternizadas y los derechos colectivos que tienen garantizados internacionalmente, al ser Chile un país firmante de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas de 2007 y al haber ratificado el Convenio 169 de la OIT.

La crisis que actualmente está viviendo el país, deja al descubierto las múltiples violencias históricas y sistemáticas que el estado chileno ha emprendido contra el pueblo mapuche. La criminalización de la protesta social indígena ha sido el mecanismo empleado por el estado para frenar las legítimas luchas territoriales, violando los derechos humanos de mujeres, hombres, niños y niñas en territorio mapuche. 

Si bien el presidente Sebastián Piñera levantó el estado de emergencia tras nueve días de violencia militar en las calles, la militarización en el Wallmapu ha sido una constante hasta la actualidad. En consecuencia, las comunidades mapuche en resistencia han logrado visibilizar su lucha histórica a partir de la construcción de sus memorias, la restitución de la vida y la dignidad, y el respeto a sus derechos colectivos como pueblo mapuche.


[1] Territorio histórico mapuche.