Por 10 L*

Hoy 3 de marzo de 2021 se cumplen 9 años de la injusta, ilegal e indebida detención de 10 jóvenes que nos encontrábamos reunidos en el barrio Luluncoto de la ciudad de Quito, para organizar nuestra participación en las jornadas de movilización nacional por el agua y la vida en contra del  del gobierno de Correa, por la cual nos mantuvieron 10 meses privados de nuestra libertad en el caso de los hombres y un año en el caso de las mujeres, siempre con la amenaza y la incertidumbre de una pena superior a los 8 AÑOS de prisión por el cometimiento de supuestos delitos de terrorismo. Finalmente, alcanzamos nuestra libertad y ratificación de inocencia en instancias de la Corte Nacional de Justicia, y en la actualidad impulsamos un proceso en contra del Estado ecuatoriano ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sí, las personas inocentes también hemos estado y están injustamente privadas de libertad.

Esa detención nos permitió conocer desde adentro el sistema carcelario. Desde un inicio denunciamos el hacinamiento existente en el ex penal García Moreno y en la cárcel del Inca, lugares donde estuvimos recluidos. La débil presencia del Estado al interior de las prisiones fue otra constante ya desde aquella época, debido principalmente a la desatención del gobierno y la falta de una adecuada política criminal penitenciaria.

La corrupción desde las más altas esferas del poder (SNAI, Ministerio de Justicia en la época y demás) era y es evidente por el traslado antojadizo de privados de libertad a cambio de dinero y no de criterios de cercanía familiar y de rehabilitación; el ingreso de artículos prohibidos a unos a cambio de dinero, y la prohibición de artículos e insumos para la salud y rehabilitación de otros, era y es también una constante en las cárceles.

No podemos banalizar la vida, la privación de libertad justa o injustamente dispuesta no puede asimilarse a una pena de muerte indirecta al interior de los centros carcelarios. El hacinamiento, la extorsión, la ley del más fuerte, la corrupción y altos costos de los economatos, la corrupción de los directores de los Centros y de ciertos guías, la afectación de las visitas y la falta de una adecuada y efectiva oferta de rehabilitación para quienes quieren cambiar su modo de vida, son realidades que deben corregirse y superarse. Desde nuestra condición de ex presos políticos y de hombres y mujeres defensores de los Derechos Humanos, exigimos al Estado ecuatoriano la atención integral a los problemas carcelarios en procura de la vida, la salud y la rehabilitación de los privados de libertad.

La matanza sin precedentes que el país atestiguó el fatídico 23 de febrero de 2021, es expresión del sistema corroído y corrupto del Estado por intermedio de sus Instituciones y funcionarios que no ejercen suficiente control al interior de las cárceles y, en consecuencia, no están en condiciones de garantizar la vida de los privados de libertad.

El discurso de la derecha, insiste en: reducción de penas en delitos relacionados con tráfico de drogas; endurecimiento de penas en delitos relacionados con la vida, y sobe todo hasta los correístas están apuntado a que, si el Estado no es capaz de controlar, lo debe hacer la empresa privada. Es decir, privatizar el sistema carcelario del país.

El problema de la delincuencia es un problema social y debe ser tratado como tal. Según los últimos datos del INEC, en el Ecuador la pobreza es calculada según el ingreso percápita menor a 84.05 USD mensuales, mientras que la extrema pobreza es quienes perciben menos de 47.37 USD mensuales. A nivel nacional a diciembre del 2020 la pobreza se ubicó en 32.4% y la pobreza extrema en un 14.9%.

Estos datos reflejan una sociedad en decadencia, donde la falta de trabajo, la falta de oportunidades y la carencia de políticas de rehabilitación social dan como resultado toda una ola de delincuencia y violencia dentro y fuera de las cárceles del país.

*Cristina Campaña, Abigail Heras, Fadua Tapia, Víctor Hugo,Vinueza, Pablo Castro, Héctor Estupiñan, Santiago Gallegos, Royce Gómez,Luis Merchán, César Zambrano.