Por Francisco Escandón Guevara

Se cumplió un año desde que se registró la primera víctima de covid-19 en el país. La pandemia transformó las conductas sociales y desnudó la crítica situación del sistema sanitario que colapsó por la ineptitud del gobierno de Moreno.

El número de víctimas oficiales esconde un subregistro, los reales 40 mil decesos tienen estrecha relación con la desinversión en salud pública y los desatinos técnicos que puso al Ecuador a la zaga de las políticas preventivas y curativas.

Como ocurrió durante la pandemia, también ahora al inicio del plan de vacunación, el liderazgo gubernamental genera dudas. La lentitud en el proceso de inoculación, la compra de escasas dosis y los criterios de priorización para aplicarlas provocan el rechazo popular.

Si hubiese vacunas abundantes y su aplicación fuera transparente, el tráfico de influencias no existiría, como tampoco se abriría la puerta al regionalismo y a la mercantilización de la salud que promete inocular a nivel de los cantones.

El permiso de importación de vacunas, otorgado a los municipios, es errado, pues reproduce la inequidad. No es solidario que las superpotencias acaparen el 60% de las dosis a nivel mundial, como tampoco lo es que se aplique la vacuna en determinadas ciudades, de países pobres, discriminando a los beneficiarios sólo por constar empadronados en dichos territorios.

La sobre demanda de fármacos contra el virus también conspira contra la descentralización propuesta. La compra de lotes pequeños de vacunas repercutirá en especulación de precios, en estafas con productos sub estandarizados y en actos de corrupción. Las condiciones de negociación serán asimétricas, no habrá comercio justo entre una alcaldía y las transnacionales farmacéuticas que imponen su poder financiero.

Lo conveniente es rehacer el plan de vacunación guiado por los principios de universalidad, equidad y con criterios de priorización transparentes que garanticen inmunizar inmediatamente a los más vulnerables y enseguida a todos los ecuatorianos. Deberían mancomunarse los municipios, prefecturas y el gobierno para comprar las dosis necesarias y aplicarlas con rapidez para inocular a la población.

Esta negociación debe trascender a la mera obtención de vacunas, el reto es lograr que las farmacéuticas liberen las patentes y transfieran tecnología para la fabricación de nuevas dosis en el país. Solo así se puede derrotar a la dependencia científica y al virus que se renueva en otras cepas.