Por Jaime Chuchuca Serrano
La Consulta y Referéndum de 2024, está fundada en la precarización laboral. La pregunta E, esclavitud salarial, lo demuestra con el retorno de la contratación del trabajo por horas, con un Anexo que crea un cheque en blanco para el Ministerio de Trabajo. A este ajuste estructural neoliberal, se suma la pregunta D, con el saqueo de las transnacionales a través del arbitraje internacional, con el que Ecuador perdería de inmediato cerca de 3 mil millones de dólares. Esta consulta, fortalece el hiperpresidencialismo, ya que el presidente es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, y la pregunta A amplia la competencia de estas, en el trabajo policial, aunque haya una decena de sentencias de la Corte Constitucional en contra (por ejemplo, la sentencia 33-20-IN/21).
Este proceso plebiscitario, está atravesado por el nuevo punitivismo o neolobrosianismo punitivista, que piensa solo en la ampliación de las penas y la represión (con un claro origen biologicista). Aquí están las preguntas: B, F, G, H, I. Sobre la pregunta B, la normativa nacional reconoce la extradición activa, ahora se quiere reconocer la extradición pasiva, esto es, enviar a un ecuatoriano a otro país para que sea juzgado (generalmente con una pena mayor). Esto también significa, disminución de la soberanía en materia de juzgamiento; deshacerse de los problemas sin modificar la función judicial del país. La Pregunta F, es una pregunta de relleno, porque las Fuerzas Armadas ya han venido realizando el control de explosivos a la entrada de las cárceles, aquí basta con un arreglo reglamentario.
Las preguntas G sube las penas de algunos delitos (terrorismo, sicariato, asesinato, etc.) y la H elimina la prelibertad en otros. Estas dos preguntas contradicen el principio de progresividad defendido por la Convención Americana de Derechos Humanos y se incrementa el hacinamiento en las cárceles. Un sistema más cruel no previene el delito, ni rehabilita a las personas. La pregunta I, habla de la penalización del porte de armas de dotación de las Fuerzas Armadas y Policía, lo cual necesitaba solo un cambio de la Ley.
El uso inmediato de armas y municiones (pregunta J), acarrea un problema procesal, porque a través de estas se investigan delitos, y al regresar a operar de inmediato, se acaba su papel de prueba, quedando quizá un peritaje. El Estado ya puede ser titular de bienes de origen ilícito por Ley, así que para simplificar el trámite (pregunta K), solo se necesitaba una reforma. Finalmente, la pregunta C, que crea judicaturas especializadas en materia constitucional, no comprende que todo el derecho está constitucionalizado, y todos los jueces tratan derechos constitucionales; además, si antes el sistema podía ser corrompido entre toda la comunidad de jueces, ahora la probabilidad aumenta, por la disminución de jueces constitucionales.
La Corte Constitucional tiene gran culpa por haber permitido este tipo de preguntas. De un lado, se aumenta la política criminal, y en otro, se disminuyen las políticas sociales.
En definitiva, yo voto no.