Redacción Opción
El miércoles 15 de noviembre el gobierno de Daniel Noboa, anuncio un nuevo decreto que declara el estado de excepción por 60 días en ocho provincias: El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas y tres cantones: Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná. Con este suman 25 estado de excepción declarados por Noboa y más de mil días en que el país ha estado bajo esta medida
Además, habrá toque de queda nocturno en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro entre el 17 y el 30 de septiembre.
El gobierno recurre a esta medida aludiendo el combate al crimen organizado y para hacer frente a la inseguridad; sin embargo, la violencia no ha desaparecido. Entre enero y julio de 2026 se registraron 4.882 homicidios intencionales. Aunque son menos que los 5.295 del mismo período de 2025, en 79 ciudades del Ecuador se registraron un aumento de homicidios, y junio y julio superaron los registros del año anterior.
La contradicción es evidente: mientras los estados de excepción se repiten, la violencia continúa golpeando a la población y extendiéndose a nuevos territorios. El año 2025 cerró, como el año más violento de la historia reciente del país, pese a la presencia militar y las medidas extraordinarias.
La crisis de seguridad no puede reducirse a militares en las calles o restricciones nocturnas. Sus raíces son principalmente económicas, sociales, territoriales e institucionales y requieren respuestas permanentes e integrales. Sin medidas sociales, los estados de excepción no resuelven, ni siquiera mitigan significativamente la criminalidad.
El gobierno debe entender que, sin inversiones en fuentes de trabajo, en salud, en educación, en obra pública la situación, sin medidas efectivas para ubicar a los grandes lavadores de dinero del narcotráfico, sin depurar los aparatos estatales corrompidos por el crimen organizado, no habrá solución definitiva