Por Paúl Jácome

Han transcurrido nueve años desde aquel día en que el Ecuador vivió uno de los hechos que marcó la evolución y afirmación  de un Estado represivo, autoritario y corrupto.

El 30 de septiembre del 2010, día en que se produjo la rebelión policial reclamando por lo que consideraban como “perdida en sus bonificaciones”, cuyo desenlace fatal aun pervive en la memoria de los ecuatorianos.

El correísmo para justificar el brutal operativo de “rescate” de un Presidente que jamás estuvo secuestrado, anunció mediante su maquinaria de propaganda, que se había producido un intento de “golpe de Estado blando”; ante ello, el oficialismo estaba obligado a presentar a los responsables de esta  supuesta acción “desestabilizadora”, para lo cual estructuró un libreto a seguir, para justificar la farsa con la que se desarrolló una sistemática persecución política, mediante una ola de enjuiciamientos penales contra de policías, militares y civiles; para mostrar ante la opinión pública  la inferida estructura conspirativa.

Los delitos como: ataque o resistencia, sabotaje, terrorismo, paralización de  servicio público, atentado contra la seguridad del Estado, fueron utilizados en  los procesos penales masivos y selectivos en contra de civiles y miembros de la fuerza pública, con el objetivo de pescar a río revuelto algún culpable de la falacia del “golpe de Estado blando”.

Mientras se buscaban culpables del 30-S,  a la par se promovía la tesis  de victimización del Estado y del Gobierno; se pretendía promover la imagen de un “poder estatal vulnerado en sus derechos”, a simple vista, se puede considerar un argumento risible, pero guarda un contenido profundamente reaccionario; es decir,  se quiso presentar al Estado no como un instrumento de represión, sino al Estado encarnado en Correa que se hallaba “indefenso”, que debía tener carta abierta para recomponerse con una visión de autoridad, violando los derechos fundamentales de pueblos; por otro lado, se buscó una reestructuración de las fuerzas armadas y policía nacional, cuyo mando debía ser controlado por Correa; y lo más peligroso, presentar a la organización social y a sus líderes como los victimarios y a la protesta social como un acto criminal.

De acuerdo a las cifras del  Informe Final de la Mesa por la Verdad y Justicia Perseguidos Políticos Nunca Más”,como consecuencia de los hechos del 30 de septiembre de 2010, murieron cinco personas, 1500 policías procesados penalmente, mientras que 1200 fueron objeto de baja forzada, 14 000 fueron sometidos a sanciones disciplinarias. Estas cifras son altas puesto que la falta de consistencia de la teoría del “Golpe Blando” carecía de elementos que lo comprueben, es por ello, que los trabajos de documentación de la Mesa recogieron datos reveladores, las víctimas de la persecución política denunciaron que funcionarios de gobierno en coordinación con altos mandos de la fuerza pública, presionaban a los miembros policiales procesados, para que vinculen a sus compañeros a cambio de su libertad o exclusión del caso, como así relata la capitana Paola Mafla: Mientras le investigaban fue llevada a la SENAIN, Mafla en presencia de Carlos Baca Mancheno y Oscar Bonilla, fue sometida al polígrafo, al ver que los resultados indicaban que dijo la verdad, los comisionados le pidieron que involucre a diez policías, a cambio de ello le ofrecían su libertad a lo que ella se negó rotundamente y a la semana siguiente fue sentenciada”. (Informe Final Mesa por la Verdad y Justicia, pag. 106).El mismo patrón se evidencia con la denuncia pública realizada por Marcelo Bonifaz, quien recibió el ofrecimiento de indulto por parte  Pamela Martínez, a cambio de que vincule a 1100 policías.

Además es importante  destacar que los casos del 30-S que han culminado con sentencias condenatorias, fueron posible gracias a que la justicia se convirtió en un apéndice del correísmo y en el principal instrumento de persecución política,

Los testimonios de Pamela Martínez y  Laura Terán y los correos electrónicos develados en el caso “Arroz Verde” o “Sobornos 2012-2016”, pusieron en evidencia una organización paralela para el control del sistema judicial ecuatoriano, dirigido y financiado  desde la Presidencia de la República; tenía dos  propósitos fundamentales; en primer lugar, ubicaban a sus militantes, simpatizantes y amigos como  jueces de las cortes de justicia; y el segundo lugar, desde estas oficinas se hacía el  seguimiento de los procesos penales de prioridad para el gobierno de Correa.

Estos hechos han  dado la razón al  Informe Final de la Mesa por la Verdad y Justicia “Perseguidos Políticos Nunca Más”; misma que  concluyó que,   durante el gobierno de Correa existió persecución política y criminalización de la protesta social, de forma estructural y sistemática,  donde la   justicia ecuatoriana se convirtió en el principal brazo ejecutor, en la que habrían participado cerca de 500 jueces, conjueces y fiscales, en coordinación con otras funciones del Estado.