Por Jaime Chuchuca Serrano
Los hechos que salen a la luz pública ecuatoriana, van desenredando las profusas redes de la delincuencia y el narcotráfico. La criminalidad gana posiciones en sociedades con baja cobertura educativa y cultural. Así como las cárceles no presentan ningún cambio y están más metidas en el lodazal de las matanzas -verdaderos infiernos, con el nombre de centros de rehabilitación- se mira también como la política no da nuevos giros para un cambio profundo de mentalidad para superar el desempleo, la explotación, la ignorancia, la delincuencia.
La maquinaria del fútbol ha tenido relaciones con la corrupción, mafias y otras formas de criminalidad, pero esto hay que separarlo del deporte como tal, como decía Maradona: “la pelota no se mancha”. Las imágenes de futbolistas de Ecuador con armas de fuego, en la época de la guerra por la cocaína; la denuncia de la fiscalía a Gabriel Cortez, futbolista, y a un policía por su relación con una banda delincuencial, “Los Tiguerones”, son muestras de que las redes del narcotráfico y el sicariato han comprometido grandes tejidos sociales. A estas monstruosas relaciones, se suma la decisión judicial de arresto domiciliario de uno de los cabecillas de Los Choneros, Junior Roldán, a pesar de tener dos sentencias por asesinato. Futbolistas, policías, jueces… envueltos en las mafias.
La criminalidad es multicausal, las estructuras sociales construidas, el habitus sedimentado y que cuesta transformar, las ideas de los agentes sociales, la cultura narcomediática, las amplias arquitecturas económicas ilegales, el desempleo, la pobreza, todos estos, son elementos de fuerza que configuran el entorno para la delincuencia. La seguridad pública no solo se planifica con mayor cantidad de armas para la policía, sino con el ejercicio de la política sobre las estructuras. El poder punitivo es un hecho político al igual que la pena, pero estas son partes finales de otros actos. El ejercicio político debe estar enfocado en la prevención y transformación del entorno que produce el conjunto de las violencias simbólicas, materiales y subjetivas. Pero cuando el poder punitivo es tomado por quienes el Estado tiene la función de vigilar, la acción política institucional es la que ha fracasado en su totalidad no solo el poder punitivo.