Por Mateo Rodríguez
La opacidad y vaguedad son las características de las negociaciones en la concesión de frecuencias para el funcionamiento de la telefonía celular en el país.
Con la resolución de 25 de mayo de 2023, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, (ARCOTEL), dispuso que las negociaciones que se llevaban a cabo para la renovación se suspendan por 120 días o hasta que varias instituciones del Estado entreguen la información que se les requirió.
Al leer la resolución, se llega a la conclusión que la ineficiencia de estas instituciones son tan complejas que parece planificado y ordenado desde Carondelet, ya que, a la fecha no existiría aún el dictamen favorable de Sostenibilidad y Riesgos Fiscales del Ministerio de Finanzas, el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, la remisión de las cláusulas especiales de seguridad que debían ser enviadas a ARCOTEL por parte del Ministerio de Defensa y del Interior y, lo más grave, la propia Agencia no envía al equipo negociador la Valoración de las Bandas del Espectro Radioeléctrico y Derechos de Concesión del Servicio Móvil Avanzado (SMA), dentro del proceso de negociación de la renovación de los contratos.
Cabe recordar que, el 20 de octubre de 2022, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dispuso a la Dirección Ejecutiva de ARCOTEL, llevar el proceso de negociación de la renovación de la concesión del Servicio Móvil Avanzado, proceso que ya se encontraba con retraso si recordamos que el Directorio de esa entidad, el 14 de diciembre de 2021, aprobó las políticas y lineamientos emitidos para el proceso de negociación para la renovación de los Contratos de Concesión del SMA.
Los atrasos en el proceso no se deben simplemente a una incapacidad o ineficacia de los funcionarios públicos, que sí existe, pero son fundamentalmente los intereses económicos de la gran burguesía tras las negociaciones, los que han alargado el proceso e impuesto la oscuridad en la negociación. Estas demoras mal intencionadas hacen ver los intereses antipatria que evidencia el gobierno de Lasso en estas negociaciones, por lo que, se debería suspender y esperar que el nuevo gobierno reinicie el proceso de negociación, anteponiendo los intereses del país frente a los del capital internacional.
Vale recordar que, durante el gobierno de Correa, la telefónica Claro pago por la concesión USD 469 millones, Movistar USD 240 millones, en total USD 709 millones, pero al ver los ingresos promedios por año que tuvieron esas empresas fueron: CLARO, USD 1200 millones y OTECEL (Movistar), USD 700 millones, es decir USD 1900 millones aproximadamente.
Cabe recordar que los valores aumentarán ya que el mercado ha tenido cambios, con un aumento de las aplicaciones de mensajería, voz y una reducción del uso de la red celular y los SMS, sin contar con la tecnología 4G y la posibilidad de acceder a la 5G, por lo que, es previsible un aumento en la ganancia de las telefónicas y el Estado debería incrementar los valores de la concesión.
Todo da a entender, que el alargamiento del proceso apuntaba a tres posibilidades: alcanzar reformas legales y reglamentarias que permitan garantizar mejores condiciones para las empresas extranjeras de telefonía celular; la posibilidad de que algún otro oferente internacional pueda participar, o, que se llegue a un punto en que se arrincona al Estado, a renovar las concesiones en condiciones de desventaja por la amenaza de que se pierda el servicio, para impedir que estas maniobras se concreten, el proceso debería suspenderse para que el nuevo gobierno las reinicie.
Hay que recordar que el 70% del espectro radioeléctrico no está concesionado, y únicamente se lo ha hecho en la frecuencia de 280 Megahercios (Mhz) muy por debajo del promedio regional del 400 Mhz.