Por Isabel Vargas Torres
En el discurso de posesión, el presidente Noboa, dijo entre otras cosas que tiene el deseo de alejarse de los viejos esquemas. Sin embargo, a reglón seguido envía a la Asamblea Nacional, con el carácter de urgencia económica, el proyecto de ley denominado «Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo», el cual refleja una estrategia similar a la antigua política neoliberal.
Este proyecto beneficia a los mismos y grandes grupos económicos, mientras afecta a los millones de trabajadores, legalizando la inestabilidad laboral, afianzando la flexibilización y la sobre explotación laboral hacia los jóvenes a través de la promoción de contratos de trabajo de máximo un año, cambiando la categoría de trabajador por la de «colaborador», que no solamente es semántico sino que le atribuye otra caracterización al trabajador al cual le pone en condición de colaborador del explorador. Cabe destacar que esta terminología engañosa no existe en ninguna legislación ni en la normativa internacional establecida por la OIT.
También es importante mencionar que, a pesar de que la Corte Constitucional, mediante el Dictamen 2-23-UE/23, rechazó por dos ocasiones los proyecto del banquero Lasso, de la creación de zonas francas debido a la violación de los artículos 148 y 335 de la Carta Magna; sin embargo, este gobierno que quiere aparecer como nuevo, vuelve a insistir en su implementación. Estas zonas gozarían de una exención de impuestos durante un período de cinco años, estarían liberados de todos impuestos de lo que salga o entre a esas zonas, los trabajadores no contarían con derechos ni formas de protección, precarizarían al máximo la situación de los trabajadores, que no tendrían derecho al reclamo de sus derechos. Favoreciendo e incrementando las ganancias de la grandes empresas y echando a la ruina la economía de las Pymes.
Por otro lado, el presidente Noboa propone la séptima amnistía tributaria. Es decir, un nuevo perdón de las deudas en firme que tienen que pagar las grandes empresas por tributo no pagados al Servicio de Rentas Internas, SRI, que ascienden a casi USD 2.600 millones, equivalente al 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, no se ha mostrado firmeza en el control de la evasión y la elusión de impuestos, que según la CEPAL asciende a USD 7.600 millones, representando el 6% del PIB de perjuicio al Estado. Más bien, estas amnistías han deteriorado la cultura tributaria y han perpetuado la impunidad que deja al Estado sin percibir cuantiosas sumas que podrían ser destinadas a inversiones sociales y desarrollo económico. Estas medidas demuestran la falta de políticas efectivas para la recaudación de impuestos.
Es fundamental que se promuevan políticas públicas que garanticen los derechos laborales y fomenten la equidad y redistribución de la riqueza en beneficio de toda la sociedad por lo que se impone que el gobierno cobre un impuesto único a las empresas que han obtenido jugosas utilidades. La necesidad de una genuina transformación económica y social se vuelve cada vez más apremiante, el pueblo no le entregó un cheque en blanco y hay expectativa en lo que haga el gobierno de Noboa.