Galápagos, base militar y sumisión del gobierno ecuatoriano a intereses de otro país

Periódico Opción
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Por Jairo Gusqui/ Galápagos

Como es bien sabido, el mundo se encuentra en medio de tensiones tan fuertes que hay voces que ya proclaman la tercera guerra mundial, que será, al parecer una “guerra nuclear”[1]. Como mencionará Einstein en algún momento, la “cuarta guerra mundial será con palos y piedras” (parafraseándolo)

En este contexto y dado el giro político del gobierno ecuatoriano, desde la reapertura de la Oficina de Cooperación en Seguridad (OSC) en Ecuador, 2018; se intensificaron las relaciones con USA en el plano militar; a tal punto que se pensaba realizar ejercicios militares conjuntos pero, un sinnúmero de procesos institucionales con respecto a documentación de ingresos y otros temas burocráticos no permitieron se realicen dichos ejercicios militares.

Con ese antecedente, es importante mencionar que Galápagos se encuentra a casi mil kilómetros de la costa del Ecuador y a 1918 kilómetros del mega puerto de Chancay en Perú que la Republica Popular China inauguró hace unas semanas atrás[2].

Sumado a eso, las declaraciones de un asesor del presidente electo de USA, Donald Trump, quien sugirió aplicar un arancel del 60% a cualquier producto que pase por el nuevo puerto chino.

Este contexto de guerra económica entre las dos potencias (y otras como India o Rusia) llevan a USA (imperio en decadencia) a “aplastar el acelerador” para tener mayor influencia en todo el planeta. Si bien es cierto, estos convenios bilaterales han sido firmados ya por varias décadas, es decir; todo se reduce a la influencia económica, política y por supuesto, militar de los Estados Unidos de América.

Es decir, Galápagos es solo una pieza más del rompecabezas geopolítico y geoestratégico para ejercer influencia dentro del contexto del Pacífico sur. Ahora, justificar eso bajo la bandera del “luchar contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales” es la excusa perfecta para azuzar a quienes suponen, es lo que necesita el país, aunque como ya lo ha mencionado Juan Manuel Santos: “Una guerra que no se ha ganado en 40 años es una guerra perdida”.

Tal es así que “Estados Unidos, es de lejos, el mayor consumidor de estas drogas usando más pastillas por persona que cualquier otro país del mundo”, afirmó Trump”[3] a tal punto que tiene una “pandemia” por el fentanilo. Desde varias voces autorizadas se exige que la guerra contra las drogas que USA lidera la empiece, casa a dentro. Por lo tanto, la lucha contra el narco, si bien es el anzuelo, lo fundamental no pasa por allí sino ejercer mayor influencia y control en esta parte de Sudamérica.

Ahora, si bien la Corte Constitucional del Ecuador, máximo órgano de interpretación de la Constitución en el reciente Dictamen de la Corte Constitucional No. 10-23-TI/24 mencionó que es constitucional y que el presidente puede firmar dicho convenio, sin la aprobación de la Asamblea Legislativa, esta decisión no fue general, puesto que Jueza Constitucional Alejandra Cárdenas Reyes y Jueces Constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Richard Ortiz Ortiz señalan lo siguiente:

20. En virtud del análisis que la Corte debe realizar sobre los tratados internacionales y los elementos que se han identificado en el contenido del tratado bajo estudio, en principio no se concluye que el tratado no deba ser aprobado, sino que exige un debate robusto en el órgano representativo del Estado ecuatoriano de conformidad con los parámetros del artículo 419 de la Constitución.

21. En virtud de lo expuesto, concluimos que el Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al Estatuto de las Fuerzas, se encuentra inmerso en los numerales 1 y 2 del artículo 419 de la Constitución y, por tanto, requiere del pronunciamiento de la Asamblea Nacional.

Es decir, le corresponde a la Asamblea Legislativa pronunciarse sobre dicho acuerdo. Por lo tanto, una vez más la Corte se alinea con el gobierno y, el presidente Daniel Noboa, se pasa la Constitución por “el forro” como en otros casos.

Sumado a eso, imaginemos los barcos, aviones o submarinos que ingresarían a la provincia y Parque Nacional Galápagos y el impacto que causaría no solo con la contaminación por algún químico o combustible, sino la contaminación visual y de ruido. Además, hay que tomar en cuenta que, si bien la Dirección del PNG a dado algunas direccionalidades, no se conoce con certeza cual será el protocolo para evitar la introducción de agentes que puedan afectar los frágiles ecosistemas de Galápagos a través de dichas embarcaciones, si harán cuarentena, se revisarán y limpiaran los cascos de las embarcaciones.

Adicionalmente se viola los Derechos Humanos, Derechos de la Naturaleza y al Derecho Internacional Público y Privado que ha ocurrido en otras ocasiones, cuando pescadores ecuatorianos, en la década del 2000[4], denunciaban abusos de los soldados estadounidenses al hundir sus barcos y las consecuentes violaciones a sus derechos y de empresa.

Entonces, es urgente que la comunidad internacional, organizaciones como la UNESCO, ONG ambientalistas internacionales y nacionales evaluemos el posible desastre ambiental que podría acarrear la implementación de este Acuerdo al involucrar a las islas Galápagos en este juego de poderes de las potencias del mundo.


[1] https://legrandcontinent.eu/es/2024/04/20/una-guerra-nuclear-entre-estados-unidos-y-rusia-causaria-mas-de-5-000-millones-de-muertos/

[2] https://elpais.com/america/2024-11-15/china-consolida-su-presencia-en-latinoamerica-con-la-inauguracion-en-peru-del-megapuerto-de-chancay.html

[3] https://www.chicagotribune.com/2017/10/26/eeuu-el-mayor-drogadicto-en-la-historia-de-la-humanidad/

[4] https://www.lahora.com.ec/secciones/marinos-de-ee-uu-acusados-de-hundir-8-barcos-pesqueros-de-ecuador/

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