Por: Raúl Guzmán
En estos días, el presidente Daniel Noboa ha presentado el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que busca entre otros, reformar la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP). Aunque su discurso se refiere a “modernización” y “eficiencia”, lo que se busca en la práctica es una embestida contra los derechos de miles de servidoras y servidores públicos en el país.
Bajo el manto de un supuesto interés por optimizar la administración pública, lo que el presidente busca es abrir la puerta a despidos masivos y precarización laboral. Esta reforma, busca reducir los recursos que el Estado debe destinar para servir al pueblo.
Uno de los fundamentos de la LOSEP ha sido la estabilidad de los servidores públicos. No como un privilegio, sino para que los mismos se profesionalicen y cuenten con autonomía frente a presiones políticas o clientelares. Sin embargo, el proyecto de ley debilita mecanismos claves de protección, facilitando despidos sin el debido proceso y sin una evaluación técnica transparente.
Por ejemplo: se propone reformar el artículo 58 de la LOSEP, eliminando el tiempo de duración de los contratos ocasionales, es decir, los servidores públicos podrán ser desvinculados en cualquier momento, sin importar los años que lleven ocupando dichos contratos, lo propio con los nombramientos provisionales, se modifica el artículo 17 para que se pueda otorgar nombramientos provisionales en vacantes sin la obligación de que estén planificados para concurso de méritos y oposición. Despidos y precarización al orden del día.
Además, se disminuye el peso de las evaluaciones objetivas, reemplazándolas por mecanismos subjetivos. Se promueve un modelo de “gestión por resultados” sin claridad ni estándares justos, lo que en la práctica se traduce en que cualquier servidor podrá ser considerado “ineficiente” a conveniencia de las autoridades de turno. La discrecionalidad, no la eficiencia, será la nueva norma y, por lo tanto, desvinculaciones masivas de servidores públicos de carrera también.
El discurso gubernamental intenta posicionar a los servidores públicos como parte del problema: como “ineficientes”, como una “carga fiscal”. Pero, la realidad es otra. Son los servidores públicos quienes sostienen la salud pública, la educación pública, la seguridad social, el sistema de justicia y un largo portuario de servicios.
Lo que se está maquinando con esta reforma es un ajuste en la estructura del Estado, exigido por los organismos financieros internacionales y aplaudido por los sectores económicos que siempre han despreciado el rol del Estado. Noboa, al igual que gobiernos anteriores, busca cumplir con los organismos internacionales, es decir, está dispuesto a cumplir con las exigencias del capital que con las demandas de su pueblo.
Detrás de la narrativa de la eficiencia, se esconde el viejo interés neoliberal de reducir el tamaño del Estado y convertir los servicios públicos en negocio. La privatización, en su versión actual, se impulsa debilitando a quienes día a día garantizan derechos a la ciudadanía.
La Constitución de la República del Ecuador prescribe el principio de progresividad de derechos, así como el derecho al trabajo digno y la estabilidad en el servicio público. Este proyecto los vulnera frontalmente. Por lo que, es inconstitucional. Además, debilita el principio de mérito y oposición que ha sido una conquista histórica de los trabajadores del sector público.
Eliminar la estabilidad no es reformar: es retroceder. Es volver a un modelo donde el empleo público se convierte en premio o castigo político, donde el miedo al despido reemplaza a la vocación de servicio, y donde el Estado se vacía de talento, experiencia y compromiso.
Ante esta amenaza, los servidores públicos no pueden quedarse callados. Es momento de articularse, de debatir, de actuar. Los gremios, sindicatos y asociaciones tienen el deber histórico de defender no solo a sus afiliados, sino al modelo de Estado que garantiza derechos y servicios esenciales para todos.
También es urgente que el pueblo comprenda que este no es un problema aislado de los trabajadores públicos. Si hoy se debilita el servicio público, mañana se privatizarán más hospitales, más escuelas, más derechos. El silencio no es una opción.
El proyecto de Ley de Eficacia del Servicio Público no busca eficiencia, busca control y desmantelamiento. Daniel Noboa, al igual que tantos otros gobernantes neoliberales, pretende gobernar con una nómina pública a su medida: obediente, precarizada y atemorizada.
A los servidores públicos les corresponde defender su dignidad, su estabilidad y su papel como garantes de derechos. Al pueblo, estar vigilante y solidario. Y a todos, recordar que sin Estado no hay derechos, y sin derechos no hay democracia.