Por Remo Cornejo Luque
Se viene la cuarta ley con el carácter económico urgente denominada «Control de Flujos Irregulares de Capitales», con el mismo pretexto de combatir el crimen organizado.
El argumento de la mayoría genética neoliberal de la AN es que esta ley “está enmarcada en golpear las economías criminales y los flujos irregulares de capital». Tácito sostiene que «cuanto más corrupto es el Estado, más numerosas son sus leyes» y no se equivoca. Sigo sosteniendo que la base económica que rige nuestra sociedad promueve la inequidad económica/social y lo que se deriva de ella, es decir la superestructura del Estado, afirma la visión de dicha base y lo no menos grave es que está infestada por las fauces del narcotráfico y del crimen organizado y las cosas no cambiarán solo con normas o leyes. Su solución real y definitiva está en la transformación radical de la estructura y superestructura del país y esto es posible con la revolución social de los trabajadores y pueblos.
Empero, también, la esencia de esta inconstitucional y malhadada ley es para golpear al movimiento social organizado y sin tapujos ya dicen que «apunta a quienes financien paralizaciones o movilizaciones violentas contra el Gobierno». Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto dice: «Las organizaciones sin fines de lucro deberán registrarse obligatoriamente en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS)… La inobservancia de esta obligación podrá dar lugar a la suspensión o disolución de la organización.»
Es decir, se impone un mecanismo estatal obligatorio de registro como condición para la existencia legal de una organización, lo que contradice el carácter libre del derecho a asociarse (Art. 66.13 CRE y Art. 22 PIDCP). Además, convierte al registro en un arma de
coacción, al condicionar la existencia de una organización al cumplimiento de requisitos administrativos y sancionar incluso con disolución.
Como vemos, la norma viene con el garrote en la mano contra toda organización popular que difiera del pensamiento oficialista, configurando así el carácter autoritario y represivo del gobierno.
Y la plena, Daniel Noboa, por su naturaleza de clase, no podría obrar de otra manera. Esta nueva ley es la continuación de una agenda comprometida con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Refresquemos, con la ley de Integridad pública se perdonaron las deudas al SRI de las grandes empresas (entre ellas de Noboa que de 98 millones que debía, gracias a la remisión tributaria ahora debe 21 millones), pero, además, se iniciaron los primeros cinco mil despidos en el sector público y hubo la respuesta inmediata del movimiento social organizado (UNE, FUT, FRENTE POPULAR, FEDERACIÓN DE MÉDICOS, etc.) y se avecinan grandes movilizaciones y el gobierno debe evitarlas, detenerlas o apagarlas, y esta ley tiene este propósito.
Más, de acuerdo con la hoja de ruta fondomonetarista, se apunta a continuar con los llamados “recortes de gasto”, que implican un ajuste fiscal del 4,4 % del PIB hasta el año 2028, es decir, más de USD 5.600 millones. ¿Cómo lo harán? Sencillo, desde la visión neoliberal, con más despidos, cierre de instituciones públicas, y una reducción del presupuesto del Estado para áreas sociales; con la venta de empresas estatales, el alza en las tarifas eléctricas y de combustibles, así como la privatización en el sector petrolero, entre otras medidas regresivas. Ojo, se estima que el número de despidos en el sector público alcanzará los 70.000 hasta el 2028. El panorama es de «cuesta arriba» para las familias de los trabajadores y pueblos, pero será duro para el gobierno que tendrá una ola de protestas callejeras que desde ya empezaron a corear la consigna: ¡FUERA NOBOA, FUERA!
Es la hora de la unidad de los trabajadores y pueblos para poner un alto a las políticas neoliberales y anti populares del gobierno. ¡Las calles seguirán siendo el escenario para la ebullición social!