Redacción Opción
Este 30 de julio, las organizaciones gremiales y sociales, entre ellas, la Federación Médica Ecuatoriana (FME), Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería de la Red Pública Integral de Salud (FAPERPISEC), Unión Nacional de Educadores (UNE), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), representantes de los barrios de Quito (FBQ), asociaciones de pacientes con enfermedades raras, catastróficas y crónicas se reunieron y desarrollaron una rueda de prensa donde dieron a conocer lo siguiente:
La salud y la educación están en terapia intensiva por la carencia de insumos médicos, equipos, personal suficiente y por los niveles de inseguridad y violencias sobre los profesionales de la salud, educación, trabajadores y donde la única respuesta del Gobierno ha sido generar leyes regresivas como la Ley de Integridad Pública que ha dejado sin sustento económico a 5.000 familias, violentando la Constitución y los derechos laborales. Denunciamos que, hasta el momento, aproximadamente, 60 médicos, enfermeras han sido desvinculados pese a que el Gobierno aseguró que esto no sucedería.
Por ello, resolvimos: demandamos la declaratoria de emergencia de la SALUD y EDUCACIÓN, que la Corte Constitucional admita las demandas de inconstitucionalidad frente a las nuevas leyes antipopulares, el reintegro de los trabajadores injustamente despedidos y que se asigne el presupuesto justo y adecuado para salud y educación, unificar las distintas acciones: 7 de agosto, jornada de movilización nacional y 16 de agosto, Convención de Trabajadores y Organizaciones Sociales.
