Por UNE
La Unión Nacional de Educadores (UNE) presentó el martes 7 de octubre, una demanda de acción pública de inconstitucionalidad, por la forma y el fondo, contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia.
Andrés Quishpe, presidente de la UNE Nacional, en rueda de prensa, señaló que la incorporación de operaciones financieras que tienen un alto riesgo expone los recursos del BIESS a la incertidumbre de los mercados financieros, poniendo en riesgo el patrimonio de los afiliados.
Además, la UNE cuestiona que se pretenda, a través de la reforma al Art. 28.1, que el Consejo Directivo del IESS establezca un presupuesto, de los fondos de los afiliados, para la elección de los vocales de empleadores y trabajadores, sin que la ley disponga el procedimiento electoral ni cuente con el análisis actuarial que la Corte Constitucional exigió en procesos previos de elección universal de representantes. Esto constituye un gravamen injusto a los fondos de los afiliados, destinados a prestaciones sociales, para financiar un proceso político-electoral.
La UNE demandó que dicha ley es, en esencia, una reforma encubierta que busca reconfigurar el IESS y el BIESS para: politizarlos mediante el control absoluto de sus altos directivos; financiarizar el BIESS, exponiendo los fondos previsionales a riesgos de mercado bajo el paradigma de la “banca de inversión”; debilitar la institucionalidad técnica y autónoma del IESS, sometiéndose a la discrecionalidad del poder político de turno. Disposiciones que vulneran los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución, que garantizan la autonomía del IESS, el financiamiento de las prestaciones y la prohibición de intervenir, disponer o menoscabar los fondos y reservas del seguro social universal.
La UNE reafirma su compromiso con la defensa de la seguridad social, la autonomía institucional y los derechos de los afiliados y jubilados, exhortando a la Corte Constitucional a actuar con independencia y en estricto apego a la Carta Magna.