Por Remo Cornejo Luque
La escalada del conflicto en el Medio Oriente ha alcanzado un punto crítico que estremece el tablero geopolítico global. Mientras Washington insiste en una retórica de aniquilación inmediata contra Irán, la respuesta de Teherán —ahora bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei— demuestra que el control de la guerra no es unilateral.
Los golpes a bases estadounidenses y la severa destrucción en Tel Aviv, bajo estricta reserva informativa, dibujan un escenario de consecuencias impredecibles. Este belicismo, rechazado mayoritariamente por los trabajadores del mundo y hasta por aliados tradicionales como Francia y España —quienes ven en esta aventura ecos de la ilegal invasión a Irak en 2003—, tiene su correlato inmediato en la economía del hambre y el petróleo.
El mercado energético ha reaccionado con la volatilidad propia de la pólvora. El barril de crudo, que llegó a bordear los 110 dólares antes de estabilizarse entre los 95 y 100 dólares, ha forzado a la Agencia Internacional de la Energía a una liberación histórica de 400 millones de barriles para frenar el caos. En este torbellino, mientras potencias como China se blindan con reservas estratégicas y neutralidad pragmática, el Ecuador observa desde una paradoja indignante. El precio de venta de nuestro crudo supera con creces los 53 dólares establecidos en el Presupuesto General del Estado (PGE); técnicamente, cada dólar por encima de esa cifra debería significar unos 70 millones de dólares anuales adicionales para el país. Sin embargo, la bonanza es un espejismo para el pueblo.
La realidad fiscal del Ecuador es una confesión de parte del gobierno neoliberal: un gasto proyectado de USD 46.000 millones frente a ingresos de apenas USD 27.000 millones, dejando un abismo de USD 16.000 millones que se pretende llenar con una nueva deuda. Aunque el WTI se ubique en niveles superiores, la mayor parte de esos ingresos extraordinarios se diluyen en la importación de derivados, costos operativos de Petroecuador y preasignaciones. Al final, apenas un 15% o 20% de esa riqueza llega efectivamente a las arcas estatales. Pero el problema no es solo técnico, es político: el compromiso cual alfombra con el FMI está por encima de cualquier urgencia social.
Mientras las potencias se disputan la hegemonía mediante el fuego, en Ecuador se utiliza la crisis como excusa para profundizar el modelo de exclusión. Esos ingresos adicionales, nacidos del conflicto internacional, no van ni irán destinados a fortalecer la salud, la educación, la seguridad social o la vivienda si no media una exigencia popular contundente. Ante este escenario, se destaca la convocatoria a movilizaciones y protestas por parte de organizaciones sociales como la UNE, Frente Popular y el FUT para exigir que la riqueza petrolera se destine a las necesidades populares.
La riqueza petrolera que hoy fluye por los tubos, empujada por la tragedia de la guerra, debe dejar de ser el botín de los acreedores para convertirse en el sustento de la vida del pueblo ecuatoriano.