Por Remo Cornejo Luque
Desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abandonar su rol de árbitro para convertirse en un improvisado instituto de meteorología, la democracia ecuatoriana ha profundizado su estado de alerta máxima. Esta no es una crisis nueva; es la consolidación de un organismo que, desde el correísmo hasta el actual régimen de Noboa, ha sido sistemáticamente cooptado por los gobiernos de turno para servir como pieza de ajedrez del Ejecutivo y no como garante de la voluntad popular.
Resulta cínico que un ente incapaz de asegurar transparencia en los escrutinios pretenda ahora predecir con precisión quirúrgica el clima de febrero de 2027. Bajo el pretexto de «El Niño», el CNE ha decidido adelantar las elecciones seccionales a noviembre de 2026, una maniobra que huele más a desesperación política que a prevención de desastres naturales.
Este «pronóstico electoral» es la respuesta directa a un gobierno que se desmorona. Con un 67% de rechazo popular, Daniel Noboa sabe que su credibilidad está en caída libre y que la ola de protestas que se avecina amenaza con desbordar su capacidad de control. El adelanto de las elecciones no es un ajuste técnico; es un intento desesperado por capturar el voto antes de que el desgaste de gestión sea irreversible y la movilización social termine de hundir su proyecto político.
La dictadura respira cada vez más fuerte. En su empeño totalitario, Noboa desata acciones represivas en contra de partidos y opositores, gobernando a través de la sistemática suspensión y atropello de derechos. El plan de proscripción es evidente: tras la eliminación de la RC5, el régimen ahora enfila sus baterías para hacer lo mismo con Unidad Popular y el movimiento Construye. El objetivo es limpiar el tablero electoral de cualquier alternativa real, anulando la independencia de funciones como la Judicatura, la Fiscalía, el CNE, el TCE y el CPCCS, que hoy operan bajo la sombra de un Ejecutivo que no tolera contrapesos.
Ante este avance del autoritarismo, la respuesta no puede ser la pasividad. La alternativa es la Unidad Popular y la lucha social por la salida de Daniel Noboa y de Diana Atamaint, quienes han convertido el sistema democrático en un instrumento de su propia ambición. ¡Solo la organización y la movilización detendrán el zarpazo!