Por Ab. Juan Pablo Sansur Ode
Los sucesos y acontecimientos políticos últimos que proscriben a movimientos y partidos políticos, como también a personajes que forman parte de la oposición y que tienen grandes posibilidades certeras y decidoras de ganar una reelección como en el caso de Aquiles Álvarez que lidera la intención de voto en Guayaquil con un 45%, o como el burgo maestre morlaco Cristian Zamora el cual también es objeto de persecución política por parte del gobierno, la orden de prisión en contra del Asambleísta de Reto-RC Raúl Chávez, también se encuentra en este repertorio la vice prefecta de Imbabura Paolina Vercoutère Quinche, la líder indígena Pacha Terán quien fue una de las artífices y baluartes de la protesta social en la provincia de Imbabura cuando subieron abruptamente los combustibles, son expresiones de los afanes dictatoriales del gobierno de Noboa.
A la que se suma la pretensión de proscribir al partido Unidad Popular, la organización política que se caracterizó por su frontalidad frente a la consulta popular, razón por la cual el gobierno sufrió un revés electoral y hoy es objeto de embates por parte del poder, no podemos obviar tampoco de que UP se la jugó políticamente presentando demandas de inconstitucionalidad en contra de las leyes del ejecutivo. ante este hecho resulta ahora que se evalúa la continuidad de un partido según su número de afiliados, esto es inédito y muestra inconsistencias en el procedimiento, pretenden desconocer 175.000 afiliaciones de un plumazo y le atribuyen un número menor por obra y gracia del espíritu santo.
Con esto lo que está consiguiendo el gobierno es determinar, dictaminar quienes deben o no competir en la próxima lid electoral, esto demuestra una cobardía a tiempo completo que no debemos tolerar, porque lo que está en disputa no es la permanencia o la vida de tal o cual organización política sino de que permanezcamos dentro de un régimen democrático. Resulta cerril, ruin, de que por su desgaste político el régimen proscriba a organizaciones manipulando el tablero electoral, sumando el adelanto de las elecciones con la motivación de cooptar la mayor cantidad de alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales.
Esto se produce cuando hay una merma en cuanto a la credibilidad y popularidad del presidente Noboa, hay un desgaste político acelerado del mandatario por su desgobierno y lo que pretende el gobierno es ganar a través de su sucursal que es el CNE. El adelanto de las elecciones seccionales carece de sustento jurídico lo cual no está contemplado ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución más bien estas normativas establecen que la fecha de las elecciones solo puede ser alterada en caso de disolución anticipada de la Asamblea Nacional, revocatoria del mandato o fin anticipado de este. Cabe recordar que los ecuatorianos sufragaron sin anticipos, ni postergaciones en medio de crisis económicas y políticas prolongadas, amenazados por el conflicto armado reciente, afectados por los apagones y hasta durante la pandemia.
Ningún modelo climatológico del mundo puede prever lluvias con más de 10 meses de anticipación, además de que esta medida no tiene sustento jurídico, ya que el artículo 90 del Código de la Democracia es clarísimo las elecciones para autoridades seccionales solo se pueden realizar en el año en el que se van a posesionar, eso significa el 14 de mayo 2027, tampoco tiene sustento científico, lo que quiere el gobierno nacional ya que no tiene oxigeno político es diezmar la capacidad de maniobra que podrían tener las organizaciones políticas para organizarse, participar y ganar; en otras palabras encontrarles a las organizaciones políticas con “los pantalones abajo” para pescar a rio revuelto y ganar las seccionales.
Más allá de quienes simpaticen o no con la RC, una vez más pretenden que esta organización partidista no participe o busque través de otras organizaciones que le puedan prestar el casillero imposibilitando por el tiempo que sus afiliados puedan desafiliarse y presentarse para terciar en las próximas elecciones y de esta manera garantizar que sus cuadros desaparezcan del espectro político, a confesion de parte relevo de prueba como dicen los abogados ya que según la versión del mandatario: “las votaciones en febrero le conviene al correísmo, el cambio nos afecta a nosotros (ADN) estamos asegurando que exista competencia” resulta patético el servilismo de Diana Atamaint como titular del máximo organismo electoral ya que según su nueva teoría electoral las votaciones y elecciones no son lo mismo, solamente se revela su procacidad, su viveza criolla que raya en lo chusco y lo burlesco.