Por Mateo Rodríguez
Desde noviembre de 2023, Ecuador vive una transformación que rebasa las reformas penales adoptadas frente a la violencia criminal. Ajuste fiscal, apertura al capital privado, expansión extractiva y fortalecimiento de los aparatos militares y de inteligencia avanzan al mismo tiempo. No son piezas de un plan único, pero tampoco procesos aislados: mientras parte de los costos económicos se trasladan a trabajadores y sectores populares, se amplían espacios para la acumulación privada y crece la capacidad estatal para intervenir en los conflictos que ese proceso genera.
En mayo de 2024, el Gobierno acordó con el FMI un programa de 48 meses por USD 4.000 millones, luego ampliado. El IVA subió del 12 % al 15 %, se modificaron subsidios a combustibles y se restringieron componentes del gasto público. Mientras tanto, las utilidades de la banca privada pasaron de unos USD 738 millones en 2023 a USD 946 millones en 2025; el crédito destinado a actividades inmobiliarias creció de USD 1.019 millones a USD 1.755 millones, evidenciando que los costos y resultados del período se distribuyen de manera desigual.
La relación entre economía y poder adquiere otra dimensión cuando el Presidente proviene de uno de los grandes grupos empresariales del país. Exportadora Bananera Noboa arrastraba una millonaria deuda con el SRI. En 2025, después de decisiones judiciales, se acogió a la remisión tributaria de la Ley Orgánica de Integridad Pública, promovida por el Gobierno. La remisión fue usada, mientras la Ley estuvo vigente, para que, la familia presidencial se beneficie extingiendo intereses, multas, recargos y costas.
Nobis, encabezado por Isabel Noboa, es un conglomerado distinto y su historia registra incluso confrontaciones con la rama de Álvaro Noboa. Esa autonomía no impide coincidencias actuales. Una empresa vinculada al grupo mantuvo un contrato cercano a USD 18,9 millones para suministrar etanol a Petroecuador. Nobis también había adquirido en 2019 cerca del 10 % de Adventus Mining, vinculada a Curipamba-El Domo. En enero de 2024, el Ministerio del Ambiente otorgó a Curimining la licencia ambiental del proyecto, aunque el trámite había comenzado en 2021. A ello se suman intereses inmobiliarios en terrenos próximos al futuro Museo Nacional. Ninguno de estos hechos demuestra por sí solo favoritismo; juntos permiten observar cómo distintas fracciones empresariales encuentran oportunidades alrededor de decisiones estatales.
La minería muestra con mayor claridad la dimensión territorial del proceso. El Plan Nacional de Desarrollo proyectó Cascabel, Loma Larga, Cangrejos, La Plata, Curipamba y Warintza, además de la ampliación de Mirador, con inversiones cercanas a USD 11.000 millones. Para 2026, el Banco Central estimó USD 1.190 millones de inversión en minas y proyectos estratégicos. La expansión minera exige energía, carreteras, logística y control territorial; pero bajo los yacimientos existen comunidades, fuentes de agua y formas de producción. Palo Quemado mostró cómo una disputa ambiental puede terminar desplazándose hacia el terreno policial, penal y de seguridad.
En el ámbito laboral opera una dinámica distinta, pero convergente: aumenta la capacidad estatal de intervenir sobre la organización social. El Acuerdo MDT-2025-082 regula alternabilidad, reelección de dirigentes, actualización de afiliados y reformas estatutarias. Mientras se facilitan condiciones para la inversión, el Estado amplía su capacidad administrativa sobre la organización colectiva de los trabajadores.
Este proceso coincide con una relación militar más estrecha con Estados Unidos. Desde 2024 entraron en vigencia acuerdos sobre presencia de fuerzas estadounidenses y operaciones marítimas. El Gobierno intentó además eliminar la prohibición constitucional de bases militares extranjeras; la propuesta fue rechazada en las urnas, pero los mecanismos de cooperación previamente establecidos permanecieron.
La crisis de seguridad es real. Ecuador pasó en pocos años a superar los 40 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. Pero reconocer el avance del crimen organizado no obliga a aceptar como inevitables todas las instituciones creadas bajo esa justificación. El Plan Nacional de Desarrollo incorporó el aumento de la contribución militar a la seguridad integral; al mismo tiempo se ampliaron las estructuras de inteligencia y vigilancia. Cuando categorías como amenaza, riesgo y seguridad integral exceden el delito concreto, también aumenta la posibilidad de aplicarlas a conflictos sociales. Una movilización sindical, una paralización territorial o la resistencia a un proyecto minero pueden afectar vías o infraestructura estratégica y ser leídas desde la lógica de la seguridad antes que desde el conflicto político y social.
Tampoco existe una burguesía uniforme detrás del Gobierno. El conflicto con Gráficos Nacionales S.A., editora de Expreso y Extra, muestra las pugnas entre grupos económicos por propiedad, mercados e influencia estatal. GRANASA fue intervenida en 2026 y denunció persecución gubernamental; las autoridades sostienen que actuaron dentro de sus competencias frente a una controversia societaria. Sin resolver aquí esa disputa, el episodio evidencia que las contradicciones entre fracciones empresariales también atraviesan al Estado.
Allí se encuentran economía y seguridad. No porque cada reforma penal haya sido escrita para proteger una mina, un banco o una empresa, sino porque un modelo económico distribuye riqueza y costos, incorpora territorios a nuevas actividades productivas y genera conflictos. El Estado fija las reglas para procesarlos y fortalece los instrumentos con los que puede intervenir cuando se agudizan.
No estamos, entonces, simplemente frente a “menos Estado”, sino ante una modificación de sus prioridades: se restringen funciones sociales y económicas mientras crecen las capacidades para garantizar inversiones, producir inteligencia, controlar territorios y administrar conflictos. El crimen organizado exige una respuesta pública, pero combatirlo no puede convertirse en una autorización indefinida para ampliar el poder coercitivo.
La cuestión de fondo es qué Estado quedará después de años de excepcionalidad, qué relaciones económicas habrá consolidado y con qué instrumentos responderá cuando trabajadores, comunidades y pueblos cuestionen las consecuencias del modelo.