Por Marco Villarruel A.
Pocos días después de posesionado y de manera inesperada, Mauricio Pozo, flamante Ministro de Finanzas, llegaba por segunda vez a los Estados Unidos “para buscar financiamiento para el sector privado”. No lo hacía para el Ecuador, ni para los agricultores, ni para los emprendedores, sencillamente fue a buscar dinero para los que más tienen, para los grandes empresarios privados.
Hasta que en los últimos días de diciembre del fatídico 2020 declarara cómo debía ir escrita la lápida del IESS, Pozo ha ido abriendo trocha y a toda velocidad para consolidar su sueño de convertir al Ecuador en un país de estructura neoliberal, donde el espacio que ocupe el Estado sea el más pequeño posible.
Pozo venía acariciando regresar al Ministerio, y para ello persistentemente estuvo golpeando las puertas de los medios y estar siempre presente. El marketing político se completó con sus periplos por alguna universidad privada, especializada en la nada académica acción de nombrar decanos o profesores a prestantes figuras del firmamento mediático. A su tiempo fue pre candidato a la Alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano.
El presidente Moreno tiene muy presente la advertencia del Fondo Monetario Internacional: dejar haciendo las reformas económicas, legales y legislativas, antes de irse a su casa, en mayo. Entonces le recomendaron a Pozo, el hombre ideal para completar la orden del FMI, que el 9 de diciembre desembolsó $ 150 millones de dólares. El mismo día el Ministro anunció el envío de una reforma monetarias orientada a reformar el Código Monetario y Financiero.
Hasta llegar a la amenaza al IESS, Pozo ha buscado fortalecer la gestión macrofiscal, mejorar la calidad del gasto y mejorar la eficiencia y transparencia de la política y la gestión tributaria, solicitadas por el súper banco. Eufemismos que esconden la intención de entregar el país al capital internacional, es decir a los accionistas del FMI: recortar al máximo el tamaño y la estructura del Estado, seguir despidiendo a miles de empleados públicos, y mezquinando los fondos a los municipios y consejos provinciales.
A su costado, los hombres de Carondelet en el local de la Asamblea, buscan actualizar los términos legales de las famosas alianzas público-privadas, reformar el Código Penal en lo concerniente a los delitos relacionados a la corrupción, aunque la famosa ley de prescripción del dominio se demore tanto en ser expedida.
Despectivamente Pozo ha dicho: ““Hay grasa que cortar en todos los sectores, incluso en aquellos como salud, fuerzas armadas, policía y educación. En salud, por ejemplo, estamos tratando de hacer que haya más atención pública, porque ahora hay muchas derivaciones a clínicas privadas y por eso se van USD 350 millones en un año”, comentó al diario El Comercio de Quito.
La tarea sigue. Ahora se propone eliminar el impuesto a la salida de divisas que no es sino un hueco enorme por donde salen millones y millones de dólares a las cuentas de las grandes empresas y de los millonarios ecuatorianos que tienen cuentas en el exterior.
Y vino la estocada. Calladamente ha dicho en los primeros días de enero del 2021 que procurará reformar la ley del IESS para lo cual plantea aumentar la edad de jubilación y / o subir las aportaciones de los trabajadores, lo cual es otra de las promesas que se hizo al FMI, a quien le molesta sobremanera que la seguridad no esté en manos de las Administradoras de Fondos Sociales, privadas, claro.
Así es como este gabinete, comandado por Pozo, buscará deshuesar al país hasta que deba marcharse en mayo.