Por Econ. Marco Flores T.
Este análisis busca alertar sobre la gravedad de las presiones fiscales que enfrentará el país en 2026 y la necesidad urgente de una estrategia integral de sostenibilidad que restablezca la capacidad del Estado para operar con estabilidad. No importa cuánto se pueda decir para ocultar la realidad, pero la siguiente es la evidencia más clara de una política que destruye la inversión pública y compromete el desarrollo futuro del Ecuador.
Se sintetizan los elementos críticos de la situación fiscal del Ecuador para el año 2026, basado en la información más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas y las cifras oficiales del Presupuesto General del Estado 2026. El análisis revela una posición fiscal altamente vulnerable, con desequilibrios que claramente comprometen la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Estado para financiar servicios esenciales.
1. nivel del endeudamiento
La deuda pública agregada al 31 de septiembre de 2025 asciende a USD 89.543 millones. Este valor incluye la deuda externa, la deuda interna y otros pasivos del sector público. El Presupuesto General del Estado es responsable de aproximadamente el 92% de estas obligaciones, lo que evidencia una presión fiscal estructural significativa.
2. relación deuda/PIB
El PIB proyectado para 2026 es USD 139.046 millones. En consecuencia, la relación deuda/PIB alcanza el 64,4%, superando ampliamente los niveles prudenciales recomendados para economías dolarizadas, que carecen de política monetaria propia y dependen del crecimiento económico y los ingresos permanentes.
3. obligaciones a pagar en 2026
Para 2026, las obligaciones totales que el Presupuesto General del Estado debe pagar suman USD 15.000 millones entre amortizaciones, intereses, laudos y atrasos. Este monto representa:
a.10,8% del PIB
b.69,2% de los ingresos permanentes
c.49,8% de los ingresos totales
d.85,4% de los ingresos tributarios
e.126,8% del presupuesto conjunto de salud y educación
Los porcentajes muestran la severa presión que el pago de la deuda ejerce sobre la caja fiscal y ejecución presupuestaria.
4. déficit permanente y rigidez presupuestaria
Los ingresos permanentes alcanzan USD 21.679,9 millones, mientras que los gastos permanentes suman USD 23.482,2 millones. El déficit permanente es de USD -1.802 millones. Adicionalmente, más del 70% del gasto público es rígido, limitando la capacidad del Estado para ajustar el presupuesto sin afectar áreas esenciales como salud, educación y seguridad.
5. Necesidades de financiamiento
La Proforma 2026 requiere USD 16.104,97 millones de financiamiento adicional (deuda bruta), es decir, requiere un equivalente al 35% del Presupuesto General del Estado. Estas necesidades provienen principalmente de colocaciones de deuda interna, créditos externos, variación de títulos del Tesoro y otras fuentes menores, confirmando la dependencia extrema del endeudamiento para sostener la operatividad del Estado y una estructura fiscal altamente vulnerable.
6. riesgos macrofiscales
Riesgo de iliquidez: la caja fiscal está sometida a presión por las amortizaciones, intereses y atrasos.
Riesgo de financiamiento: el Estado requiere montos excepcionales de financiamiento para cubrir sus obligaciones anuales.
Riesgo sobre inversión pública: la inversión prevista es insuficiente para sostener infraestructura y crecimiento.
Riesgo social: el desplazamiento del gasto hacia el servicio de la deuda reduce la capacidad del Estado para sostener servicios esenciales.
7. inversión pública 2026 de las más bajas en 20 años
La inversión pública prevista para 2026 constituye una ruptura histórica. Mientras entre 2007 y 2014 el país invertía entre 7% y 14% del PIB, y aun en períodos de austeridad entre 2015 y 2019 se mantenía entre 4% y 8%, la Proforma 2026 reduce la inversión total a apenas el 1,6% del PIB. Incluso durante la pandemia de 2020, la inversión no cayó tan bajo y se ubicó en 2,3%.
La inversión pública prevista en el Plan Anual de Inversiones 2026 (PAI) asciende a USD 2.181,5 millones, lo que representa apenas el 1,57% del PIB proyectado, uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. La inversión destinada específicamente a obras públicas cae a USD 492 millones, apenas el 0,35% del PIB, un monto que no alcanza ni para preservar la infraestructura existente, mucho menos para impulsar nuevas obras o modernizar la capacidad productiva del país.
El país no solo deja de invertir, sino que también desmantela su capacidad de generar crecimiento, empleo y productividad. Al reducir la inversión a niveles sin precedentes, el Estado renuncia a su función estratégica y agrava el deterioro de carreteras, hospitales, escuelas, sistemas de riego, energía y seguridad pública.
Conclusiones
El Ecuador enfrenta un escenario de insostenibilidad fiscal caracterizado por un alto nivel de endeudamiento, obligaciones desproporcionadas en 2026, bajos niveles de inversión pública y una dependencia extrema del financiamiento. La combinación de estos factores compromete la capacidad del Estado para sostener la infraestructura, los servicios públicos esenciales y la recuperación económica.
Los ingresos no permanentes del presupuesto 2026 ascienden a USD 8.440 millones y dependen, en su mayor parte, de operaciones extraordinarias por USD 5.441 millones provienen de concesiones y anticipos ligados a proyectos petroleros, mineros y a la delegación del OCP, mientras que USD 8.434 millones se registran como transferencias de capital asociadas a estos mismos flujos y solo USD 6 millones corresponden a ventas de activos. La obtención de estos recursos es incierta, depende de eventuales acuerdos con privados y profundiza la fragilidad fiscal porque propone cubrir déficits estructurales con ingresos extraordinarios cuya realización no está asegurada.
La economía ecuatoriana se vuelve insostenible cuando la deuda supera la capacidad real del Estado para pagarla sin sacrificar servicios esenciales ni destruir la inversión pública. Una deuda sostenible debe crecer a un ritmo compatible con los ingresos permanentes y el PIB, pero en 2026 ocurre lo contrario y el Estado destina casi la mitad de sus ingresos totales y más del 69% de sus ingresos permanentes solo al servicio de la deuda, mientras la inversión pública cae a mínimos históricos. Cuando la estructura fiscal obliga a endeudarse para pagar deuda, y al mismo tiempo impide mantener infraestructura, salud, educación y seguridad, el resultado es un modelo inviable económica y socialmente regresivo.
Fuentes:
• Proforma del Presupuesto General del Estado 2026 (CAIF)
• Plan Financiero 2026 (MEF)
• Anexo 2: Justificativo de ingresos y gastos (MEF)
• Deuda Pública Agregada a septiembre de 2025 (MEF)
LOS INDICADORES DE INSOSTENIBILIDAD FISCAL DEL 2026
Diciembre 2025