Por Francisco Escandón Guevara
Para las élites, uno de los factores que condiciona el desarrollo económico y la generación de empleo es el incremento de la inversión extranjera directa. Ese discurso, desde el retorno a la democracia formal, es el estandarte de una serie de políticas estatales que apenas atrajeron capitales en estos últimos cuarenta y cinco años; los datos del propio Fondo Monetario Internacional establecen que la mejor experiencia anual en Ecuador, allá por 1998, apenas captó inversiones por poco más del 3% del Producto Interno Bruto, en tanto, el desempleo y subempleo se disparó.
Aunque la realidad es decidora, el gobierno de Noboa insiste en ese viejo fundamentalismo económico aperturista e intenta llevarlo a un nuevo nivel con su propuesta de Referéndum que, en una de las preguntas planteadas, prevé la reforma de la Constitución, del artículo 422, para allanar el retorno del país al sistema de arbitraje de inversiones.
El hijo del magnate bananero alardea que la seguridad jurídica a las inversiones motivará la importación de capitales, pero oculta que, de aprobarse esta pregunta, serán los centros de arbitraje internacional, generalmente adscritos a los organismos multilaterales (Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, etc.), quienes solucionen las controversias contractuales o comerciales entre los inversionistas extranjeros y el Estado; por lo tanto, la justicia nacional quedará excluida.
Es evidente, las inversiones extranjeras, u otras que se disfracen de ellas, tendrán un trato privilegiado, pues no estarán obligadas a respetar el marco jurídico ecuatoriano y sólo esos capitales transnacionales, no el Estado, podrán demandar por millonarias sumas al país que se defenderá como gato panza arriba.
Las demandas arbitrales ya han costado al Estado cerca de 3.000 millones de dólares. Sólo para este año Noboa presupuestó otros 2.426 millones para pagar sentencias de arbitrajes y se conjetura que en el futuro inmediato habrá litigios, contra el Ecuador, por 57000 millones de dólares más. Vaya atropello.
El arbitraje internacional es un traje hecho a la medida de los intereses de monopolios, su esencia es privilegiar el capital por sobre los derechos de los seres humanos y del ambiente, por sobre la soberanía nacional.
Existen suficientes razones para votar NO en la pregunta D de la Consulta Popular, se deben terminar los tratados bilaterales de inversión sobre promoción y protección de inversiones. Es hora de decidir: ¿el país o la sumisión a las transnacionales?