En Marcha*
Daniel Noboa no repara en procedimientos ni en límites legales. Violentas normas, pisotea el Estado de derecho y desestima el creciente rechazo popular. Se profundiza así una deriva autoritaria que apunta a la construcción de un Estado policíaco.
El país atraviesa una profunda crisis en el sistema judicial y en la vida política. De esta situación es corresponsable el Gobierno, que no solo la alimenta para consumar sus planes políticos, sino que también utiliza este escenario como cortina de humo para imponer su programa económico neoliberal.
Mientras la atención pública se concentra en los conflictos y escándalos institucionales, el régimen avanza con leyes y reformas que responden a intereses empresariales y corporativos: iniciativas en materia minera y eléctrica; la reforma a la jornada laboral; y las modificaciones al COOTAD, orientadas a debilitar la autonomía de los gobiernos seccionales y a estrangularlos económicamente, con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía. A ello se suman la Ley de Ciberseguridad, destinada a controlar la actividad de las organizaciones sociales en el entorno digital, y la propuesta de las Fuerzas Armadas de aplicar un reglamento que censura la libertad de información y de expresión, lo que constituye una grave amenaza a los derechos democráticos del pueblo.
A la par, Noboa y su grupo han dado pasos para controlar el sistema de justicia. Mientras los asambleístas gobiernistas defendían a Mario Godoy en la Asamblea, tuvieron tiempo para remover y nombrar funcionarios del Consejo de la Judicatura en todo el país, instrumentalizados o directamente vinculados al narcotráfico y al servicio del Gobierno. También aseguraron la designación del reemplazo de Godoy, Damián Larco, empleado del presidente de la República. El siguiente paso es la designación del Fiscal, para lo cual el CPCCS conformó una comisión que solo espera que se le indique a quién designar.
Daniel Noboa no repara en procedimientos ni en límites legales. Violenta normas, pisotea el Estado de derecho y desestima el creciente rechazo popular. Se profundiza así una deriva autoritaria que apunta a la construcción de un Estado policíaco, donde prevalece la voluntad del gobernante por encima de la Constitución y las leyes.
Mientras tanto, la violencia delincuencial prosigue imparable y continúan las denuncias sobre la vinculación de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía con bandas del narcotráfico. El caso más reciente es uno de los más escandalosos: policías y militares se apoderaron de 18 sacos de cocaína, valorados en USD 900.000, y reportaron solo cinco sacos como resultado de un operativo antidrogas.
El repudio popular crece frente a un gobierno autoritario e incapaz, señalado por su vinculación con casos de corrupción y por su cercanía con sectores del narcotráfico.
La consigna ¡Fuera Noboa! toma fuerza.
*Editorial del periódico En Marcha