Por Unión de Artistas Populares del Ecuador UNAPE
Manifiesto
El gobierno de Noboa y su mayoría parlamentaria han aprobado la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) bajo el pretexto “reordenar” y “optimizar” los recursos, y evitar que se gasten en “fiestas y tarimas”. Pretexto que cuestiona además las fiestas populares que son espacios de convivencia comunitaria, de afirmación de las identidades populares y que son parte de los derechos culturales
Con el cinismo convertido en política de Estado, por parte de Noboa, no dice nada del desastroso e ineficiente manejo económico del país, de los bajísimos índices de ejecución presupuestaria, en seguridad, salud y educación, obra pública. En las enormes deudas a los GAD que bordean los mil millones de dólares.
El propósito central del gobierno es quedarse con los recursos que le pertenecen a la población de la ciudades, cantones, provincias y parroquias para asegurar los acuerdos que tienen entre banqueros, empresarios y el Fondo Monetario Internacional para pago de la deuda externa. Es debilitar la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), golpeando directamente a los sectores populares más vulnerables, afectando la ejecución de obras públicas, programas de inversión social, de educación, de atención a grupos de niños, niñas y mujeres violentadas, adultos mayores en aquellos municipios que cuentan con estos servicios, a las actividades artísticas y culturales.
La reforma revela una práctica recurrente del gobierno de mantener el control de los recursos estratégicos para cumplir con el FMI, mientras ahora se recorta presupuestos a los territorios, se descarga la crisis y se merma las condiciones básicas de vida de la población.
Según datos de la Unión Nacional de Educadores: Existen 112 instituciones educativas municipales, en los que laboran aproximadamente 1.927 docentes, se atiende a 32.825 estudiantes, mayoritariamente de sectores populares. Una reducción de esta magnitud podría implicar la pérdida de cerca de 1.900 empleos educativos, afectando directamente a comunidades que dependen de la oferta municipal. Es un hecho que también deprimirá los pocos recursos que se destinan para las artes y la cultura, para el cuidado y fomento de las actividades patrimoniales y festividades cívicas.
Actualmente, los GAD reciben el 21 % de los ingresos permanentes y el 10 % de los ingresos no permanentes del Presupuesto General del Estado. La reforma plantea que, si los GAD no destinan al menos el 70 % de todo su presupuesto a inversión pública, podrían ver reducida su asignación al mínimo constitucional de 15 % de ingresos permanentes y 5 % de no permanentes, lo que representaría una disminución estimada de alrededor de 649 millones de dólares en 2027. Este no es un ajuste técnico, es un mecanismo de condicionamiento político que concentra poder en el nivel central y debilita la capacidad de decisión de los territorios.
Al restringir recursos municipales, el impacto mayor recae sobre los sectores más pobres de la población, sobre los trabajadores precarizados, los jóvenes sin empleo ni educación, sobre las mujeres madres de familia que viven sin servicios, los artistas y gestores culturales que buscan con su trabajo solventar sus vidas. Posterga las demandas de la población, frente a la exclusión, violencia y desempleo.
Esta posición no nos impide señalar que los municipios no siempre son administrados con la eficiencia, transparencia y enfoque social que la ciudadanía merece. Existen prácticas clientelares y decisiones que deben ser revisadas y corregidas, para que toda la acción municipal este al servicio de la ciudadanía. Para ello es necesario impulsar la contraloría social, la rendición de cuentas y uso responsable de los fondos públicos.
Sin embargo, los errores de gestión de los GAD no pueden justificar la reducción de derechos ni la usurpando los recursos públicos para favorecer a intereses privados, de grupos empresariales y de banqueros y, pero aún para pagar la inmoral deuda externa.
Esta reforma atenta contra la Constitución Política del Estado, que establece las funciones del Estado central y GAD. Condiciona los recursos para limitar autonomía y tener control político sobre los gobiernos descentralizados.
Por ello, manifestamos que:
Defendemos las inversiones sociales educación municipal, en las artes, la cultura, en la atención a los sectores prioritarios como derechos garantizados en la Constitución y la Ley.
Exigimos:
- Declaratoria de inconstitucional la reformas la COOTAD por parte de la Corte Constitucional.
- Garantía plena de los recursos para los GAD sin condicionamientos políticos.
- Protección específica para educación municipal y programas culturales comunitarios.
- Transparencia obligatoria y control ciudadano efectivo.
- Debate público amplio antes de aprobar cualquier reforma que afecte derechos sociales.
- Entrega de los recursos públicos a los GAD como derecho de la población.
- Rechazo a la concentración y manipulación del poder central y defensa de la autonomía territorial.
- Declaratoria de emergencia de la educación, salud y cultura.