Por Annabell Guerrero Pita*
Hace pocos días se conoció que el presidente Daniel Noboa remitió a la Corte Constitucional un nuevo decreto de Estado de Excepción. Lo sorprendente de este anuncio es que este documento cuenta con un supuesto “aval” de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés) y, lo que es más grave aún es que esta organización señalaría que el proyecto se ajusta estrictamente a la legalidad constitucional, procedimiento que sólo puede ser definido por la Corte Constitucional del Ecuador.
La pretensión de Noboa de condicionar al máximo órgano de control constitucional del país a dictaminar la constitucionalidad de un nuevo Estado de Excepción, bajo el argumento de que cuenta con el “aval” de una organización no gubernamental internacional, constituye a todas luces un irrespeto a nuestro ordenamiento interno. El control formal y material de este tipo de decretos es de exclusiva competencia de la Alta Corte, sin que puedan existir presiones o intromisiones externas.
Más aun cuando la WJA acostumbra a conceder preseas, bajo una presunta lógica de “imparcialidad” a instituciones y lideres políticos caracterizados por su alejamiento ideológico y político con los principios y estándares internacionales que caracterizan a un Estado de Derecho, como Ursula Von der Leyen, Iván Duque Márquez, Ignacio Sánchez Galán o Albert Rivera.
Es un hecho que los Estados de Excepción reiterativos y simultáneos decretados por el presidente Noboa no han dado respuesta a la situación que vive el Ecuador en materia de seguridad y que la violencia multicausal por la que atraviesa el país requiere de un plan integral y efectivo para enfrentarla.
Son preocupantes también las declaraciones de altos funcionarios del Estado atacando la labor de la Corte Constitucional que, en ejercicio de sus atribuciones, ha llamado la atención al primer mandatario en varias ocasiones por lafalta de justificación del ámbito territorial y de la temporalidad de la declaratoria de los Estados de Excepción.
En días recientes, el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix Wong, señaló, ante un medio de comunicación, que los miembros de este organismo “están en un edificio lindísimo en Quito y allí no tienen conflicto armado”, una declaración inapropiada por parte de un alto funcionario gubernamental que evidencia su desconocimiento del papel de las instituciones y funciones en un Estado constitucional, de derechos y justicia.
Por ello, cabe recordar que parte del análisis que realizó la Corte para declarar la inconstitucionalidad del Estado de Excepción, emitido mediante decreto 275, se centró en el deber constitucional de motivar adecuadamente este tipo de decretos y de ofrecer la justificación suficiente para activar un mecanismo constitucional tan extraordinario, tomando en cuenta que el primer mandatario tiene la facultad de disponer a las Fuerzas Armadas complementar la labor de la Policía Nacional para enfrentar al crimen organizado, sin necesidad de emitir estados de excepción.
A todo esto debemos sumar el comportamiento autoritario del primer mandatario Daniel Noboa que, en los últimos meses, se ha mostrado a través de acciones y prácticas que contradicen los principios y las normas de los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que gozan de jerarquía constitucional en nuestro ordenamiento jurídico interno: la crisis humanitaria en las cárceles por falta de alimentación, así como denuncias de actos de tortura en contra de las personas privadas de la libertad, bajo investigación por Amnistía Internacional; la incursión violenta en Palo Quemado; la utilización del aparato estatal para favorecer a empresas vinculadas a su esposa Lavinia Valbonesi y a su tía Isabel Noboa; el hostigamiento jurídico y mediático a su vicepresidenta Verónica Abad, la afectación a la libertad de expresión en el caso del programa “Los Irreverentes” y de la periodista Alondra Santiago, entre otros casos emblemáticos.
La actuación del presidente Daniel Noboa de acudir a la WJA, organización no gubernamental, con el fin de presionar a la Corte Constitucional y, a la vez, debilitar a esta instancia frente a la opinión pública, implica una preocupación mayor: estamos ante un gobierno que muestra su rostro autoritario, por su abierta postura para desacreditar o intentar cooptar a las otras funciones del Estado, lo que nos obliga a estar alertas para defender los principios democráticos garantizados en nuestra Carta Fundamental, incluida la democracia comunitaria, dado el carácter intercultural y plurinacional del Estado ecuatoriano, pilares esenciales para la libertad y el bienestar de las y los ecuatorianos y residentes en el país.
*Abogada, activista por los derechos de las mujeres, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha.