Por Sebastián Cevallos Vivar*
Es asombroso la impavidez de las autoridades locales frente a los graves y acuciantes problemas que mantiene nuestra provincia. Vivimos una convergencia de crisis nunca antes vista en Azuay y pareciera que, los gobernantes locales ven pasar como si no se tratase con ellos, como si su responsabilidad fuese solamente “administrar” lo poco que, desde el poder central nos entregan, sin tener una visión de gestión con dignidad y respeto.
Vivimos –a decir de muchos- la peor crisis migratoria de nuestra historia. Se habla de cerca de 30 mil azuayos y azuayas que dejaron el territorio y decidieron arriesgar su vida para buscar un mejor futuro en los EE.UU. Si bien producto del endurecimiento de las normas migratorias en la frontera, el flujo de personas que buscan el país del Norte disminuyó, no es menos cierto que esas ausencias marcan problemas como la desintegración familiar, abandono de los campos, sin contar que son muchos los casos de personas, entre ellos niñas y niños que murieron, por buscar el sueño americano.
El fenómeno de la migración conlleva a una reflexión. ¿son ciertos los datos de reactivación económica presentados por el alcalde de Cuenca? ¡Por supuesto que no! miles de azuayos hoy estarían engrosando las estadísticas de los desempleados, subempleados y de la pobreza, de no ser por que prefirieron ir en busca de un trabajo. Los que se fueron, son los mismos que con mucho esfuerzo envían unos cuantos dólares semanalmente, que sirven para sostener la economía de aquellos que nos quedamos en estas tierras.
Hablan de reactivación económica, pero resulta que, somos una provincia que no puede comunicarse con el principal puerto del país, pues la vía Cuenca-Molleturo está cerrada; las principales vías están en las peores condiciones. Como en el siglo pasado, estamos prácticamente desconectados del resto de provincias, y esto se debe a la falta de inversión y la humillación a Cuenca y el Azuay, basta decir que entre el 2007 y el 2018 el gobierno central invirtió en nuestra provincia solamente el 2,73% de total de toda la obra vial nacional. ¡Estamos en EMERGENCIA VIAL!
Para gobernar también se requiere dignidad para hacer respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Estamos a las puertas de la explotación minera en QUIMSACOCHA (Loma Larga) sin que las autoridades locales digan ni media palabra. Y es que “el que, pudiendo no evita el delito, lo consiente” y, por ende serán cómplices del mayor delito contra la naturaleza y los pueblos del Azuay, además de co-autores de burlarse de la voluntad popular expresada en la Consulta Popular de Febrero de 2021.
Estamos en una profunda crisis económica, que se expresa en los 26 millones de dólares que el Gobierno adeuda al Municipio de Cuenca tomando en cuenta las rentas, IVA, y el subsidio para el tranvía prometido en campaña. También a la prefectura le deben cerca de 23 millones de dólares que comprenden las cuotas mensuales, las deudas por riego, e IVA; en total entre las dos administraciones aproximadamente 50 millones de dólares que bien podrían servir para la obra pública, para planes y programas que reactiven el empleo, o para atender la emergencia vial, en el marco del desarrollo económico.
Venderán Sopladora, una de las hidroeléctricas más importantes del país, y a precio de gallina con mal. Entregarán la autopista Cuenca-Azogues-Biblián a una empresa corruptora señalada por ganar contratos mediante coimas. Anuncian entregar las principales vías de la región a manos privadas para colocar peajes y que seamos los y las ciudadanas los que paguemos la mantención de las carreteras.
Dicho de otro modo, venderán la carne de la región para dejarnos el hueso, en las narices del Consejo Municipal y el Consejo Provincial.
Frente a esta realidad, es clave hacer un llamado a la UNIDAD, a todos los sectores sociales, académicos, políticos, medios de comunicación a defender la provincia y la región, a luchar por los intereses de una provincia que aporta al desarrollo nacional y no puede recibir el maltrato que en los últimos años nos cuesta miles de personas que han dejado sus sueños, empresas e industrias quebradas, locales artesanales en la desesperanza, y personas en la pobreza extrema.
Debemos -como lo hicieron varias generaciones- defender nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra gente. Si las autoridades callan o los hacen callar, serán los pueblos quienes con voz firme y decidida hagan valer sus derechos, su presente y su futuro.
*Sub Director Nacional de Unidad Popular.