Por Francisco Escandón Guevara
Las privatizaciones son factor común del gobierno de la banca y del correísmo. En los últimos quince años, esas élites subastaron bienes públicos a través de operaciones financieras fraudulentas.
Durante el mandato del prófugo, el ingenio azucarero y la cementera Guapán, localizados en la provincia del Cañar, fueron vendidos al Grupo Gloria por debajo del costo real de su patrimonio; incluso la Corporación Financiera Nacional, entonces gerenciada por Camilo Samán, le prestó plata a la multinacional para que comprara estas rentables empresas que pertenecían al Estado.
El preámbulo del actual interés de privatizar el Banco del Pacífico también es obra del correísmo. En el año 2016 planteó su venta, esa propuesta fue secundada por Lenin Moreno y ahora Lasso quiere ejecutarla.
En esa ruta, el gobierno busca desvalorizar el Banco del Pacífico, deshuesarlo, para que banqueros privados lo compren a precio de gallina enferma. Tal es la coincidencia que mientras las utilidades de todo el sistema financiero crecieron en un 65%, el banco en cuestión reportó que sus ganancias se redujeron el año anterior de 80 a tan sólo 5 millones y desde el inicio del mandato de Lasso tuvo pérdidas de 12 millones de dólares.
Esas maniobras revelan que existe una campaña de destrucción programada de lo público y un afán de posicionar la idea de ineficiencia de la administración estatal; por si fuera poco, el Estado adelanta el trabajo sucio de los inversores al cerrar casi una veintena de agencias del banco en el país y despedir al 30% del personal en nombre de la reducción de costos operativos.
Es evidente el conflicto de intereses, el gobierno protege a buitres que están acechando a la más grande institución financiera estatal. Esos carroñeros buscan ser favorecidos en la venta de un banco premeditadamente desmantelado y de yapa comprometieron que su identidad sea reservada por los próximos quince años.
El Banco del Pacífico es rentable, deshacerse de él es un mal negocio. Hacerlo es consolidar el oligopolio y evitar que el Estado tenga una posición relevante para definir las tasas de interés activas y pasivas.
Si a Lasso le estorba la banca pública debería entregarla al IESS, como abono de la deuda que el gobierno tiene con la institución. Así se podría expandir y abaratar el crédito en beneficio de los afiliados y pensionistas, además de regular por competencia al sistema financiero.