Por Remo Cornejo Luque
El sistema democrático en el Ecuador atraviesa una de sus crisis de confianza más profundas, y el rostro de esta debacle tiene nombre y apellido: Diana Atamaint. Mientras la ciudadanía exige transparencia, la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) se aferra a un cargo cuyas funciones ya expiraron, actuando no como un árbitro independiente, sino como una operadora funcional a los intereses de Carondelet. El reciente escándalo por el adelanto de las elecciones seccionales para noviembre de 2026, bajo la débil excusa técnica de factores climáticos, es la gota que ha derramado el vaso del hartazgo nacional.
La historia de Atamaint en el CNE está marcada por la sombra de la sospecha y la manipulación. No podemos olvidar la burla de las elecciones de 2021, cuando un sospechoso «apagón informático» detuvo el flujo de datos justo cuando la tendencia favorecía a Yaku Pérez. Aquella maniobra, orquestada desde las sombras del poder, le robó al pueblo el derecho al balotaje para favorecer deliberadamente al banquero Guillermo Lasso. Ese antecedente de fraude tecnológico y político fue la partida de nacimiento de una gestión que ha convertido al organismo electoral en una oficina de despacho del Ejecutivo de turno.
Atamaint preside hoy un organismo sin legitimidad. No es solo el cuestionamiento de organizaciones sociales y sindicatos que hoy se movilizan en las calles; es el dato contundente de que más del 75% de la población considera urgente una renovación total del CNE. Su permanencia prorrogada, junto a la de otros consejeros como Enrique Pita y José Cabrera, es un insulto a la institucionalidad. Un árbitro electoral que ensaya apagones estratégicos y que hoy intenta silenciar a movimientos políticos críticos como Unidad Popular, ha dejado de ser garante de la democracia para convertirse en su principal amenaza.
La historia nos ha enseñado que el pueblo ecuatoriano no tolera la arrogancia del poder por mucho tiempo. Si Diana Atamaint tuviera un mínimo de decencia democrática, presentaría su renuncia inmediata. Su gestión, marcada por el fraude anticipado y la sumisión al régimen de turno, solo acelera el desbordamiento de un conflicto social que ya sacó a tres presidentes en el pasado. Ecuador no puede ir a las urnas bajo el mando de una autoridad que se cree por encima de la Constitución. Por salud pública y por la supervivencia de la democracia, la salida de Atamaint no es un pedido: es una exigencia popular impostergable.